La Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la firma de la abogada Mayra Rafaela Cosentino y el patrocinio del Procurador Sebastián Javier Amerio, interpuso un recurso de apelación contra la medida cautelar que suspendió diversos artículos de la Ley de Modernización Laboral (LML).

El escrito fundamenta el agravio en lo que considera una decisión 'prematura y ligera' por parte del juez de grado.

A continuación, los ejes centrales que definirán la batalla judicial en la Cámara.

1. El desplazamiento de la competencia

Uno de los pilares del recurso es la denuncia de violación al principio del juez natural. El Estado sostiene que, al ser la Nación la parte demandada, la prerrogativa constitucional (Art. 116 CN) exige que el proceso tramite ante el fuero Contencioso Administrativo Federal y no ante la Justicia Nacional del Trabajo. Citan precedentes de la CSJN como 'Rizzo' y 'Corrales' para sustentar que el fuero laboral carece de competencia ratione personae.

2. ¿Existe un 'caso' judicial?

Para el Estado, la acción de la CGT es una 'indagación meramente especulativa'. Argumentan que la central obrera impugnó casi 50 artículos sin acreditar un perjuicio real y directo. Según la apelación, los eventuales perjuicios deberían ser probados por cada titular del derecho afectado en casos particulares, y no mediante un control de constitucionalidad abstracto y general que transforme al Poder Judicial en un órgano consultivo.

3. El impacto del artículo 55 (intereses)

El recurso destaca la 'conducta errante' del magistrado de primera instancia, quien tras suspender el art. 55 de la Ley 27.802 (referido a la actualización de créditos laborales), revocó su propia decisión de oficio el 6 de abril. El Estado utiliza este 'estudio de campo' del juez para demostrar que la norma puede incluso ser beneficiosa para los trabajadores en ciertas jurisdicciones, reforzando la tesis de que no hay un daño universal que justifique una cautelar.

4. Legitimación y división de poderes

Finalmente, el Estado advierte sobre la 'gravedad institucional' de suspender una ley emanada del Congreso con efectos colectivos nacionales. Sostiene que la CGT no posee legitimación colectiva para representar a la totalidad del universo laboral (incluyendo no registrados) y que la medida cautelar se confunde indebidamente con el fondo de la cuestión, violando el sistema difuso de control de constitucionalidad argentino.

La apelación busca que la Cámara revoque la medida cautelar por considerar que antepone intereses particulares por sobre el interés público, el cual el Estado identifica con la generación de empleo formal y la reactivación económica pretendida por la nueva ley.

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