El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), representado por su Presidente Ricardo Gil Lavedra, interpuso una acción colectiva de amparo contra el Estado Nacional. El objeto principal de la demanda es que se declare la inconstitucionalidad parcial de la Ley 27.802, específicamente de sus artículos 10 y 56, por considerarlos lesivos para el ejercicio profesional de la abogacía y los derechos de los trabajadores.

La presentación solicita, además, una medida cautelar para suspender la aplicación de estos artículos mientras se sustancia el proceso, con el fin de evitar perjuicios de imposible reparación ulterior.

Los dos ejes del reclamo

La demanda se enfoca en dos modificaciones críticas a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que, según el CPACF, vulneran garantías constitucionales como el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.

1. Artículo 10: Responsabilidad solidaria por 'pluspetición objetiva'

Este artículo sustituye el art. 20 de la LCT e introduce un cambio sustancial en el régimen de costas:

Criterio objetivo: establece que si existe una 'sobreestimación de los créditos reclamados' configurada de manera objetiva, las costas serán soportadas solidariamente entre el trabajador y su abogado.
Afectación profesional: el CPACF argumenta que esto constituye un 'amedrentamiento' para los letrados, ya que prescinde de la valoración de conductas subjetivas (como temeridad o malicia) y castiga el mero error en la estimación del monto en un fuero donde la jurisprudencia suele ser dispar.
Obstáculo al acceso a la justicia: se denuncia que esta norma coacciona a los abogados, limitando su libertad para plantear demandas ante el temor de enfrentar sanciones patrimoniales directas.

2. Artículo 56: pago de sentencias y honorarios en cuotas

Este artículo modifica el art. 277 de la LCT, introduciendo facilidades de pago para los empleadores condenados:

Fraccionamiento del pago: permite que las sentencias contra grandes empresas se cancelen en hasta 6 cuotas, y en hasta 12 cuotas para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Impacto en honorarios: dado que los honorarios forman parte de la condena en costas, esta norma permite que la retribución de los abogados - de carácter alimentario - también se abone en cuotas.
Discriminación y desigualdad: la petición subraya que esto genera una desigualdad patente frente a abogados de otros fueros (donde el pago es inmediato tras la firmeza) y frente a otros tipos de acreedores, además de contradecir la Ley de Honorarios Profesionales (Ley 27.423).

Fundamentos de la acción colectiva

El CPACF justificó su legitimación activa basándose en la defensa de los intereses colectivos de los abogados matriculados. Sostiene que la reforma altera el principio de razonabilidad (art. 28 CN) y afecta el derecho de peticionar ante las autoridades, al imponer 'costos' o cargas por el solo hecho de litigar.

La causa ha quedado radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal, argumentando que la controversia involucra aspectos que exceden la disciplina laboral y comprometen políticas de estado y el ejercicio del poder público.

Accedé a la presentación judicial

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