La Justicia Federal de San Martín ordenó suspender de manera provisoria la aplicación de dos artículos centrales de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional.

La resolución, firmada por el juez federal subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, dejó sin efecto los artículos 131 y 133 de la norma en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y otros convenios articulados, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. De este modo, se mantiene la vigencia plena de todas las cláusulas convencionales, incluidas las referidas a aportes y contribuciones sindicales.

El sindicato había advertido que los artículos cuestionados modificaban el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos y establecían topes a los aportes sindicales, lo que podía generar un desfinanciamiento inmediato de las organizaciones gremiales y afectar servicios sociales, asistenciales y de salud que brindan a los trabajadores.

Para el magistrado, se encuentran acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, ya que la entrada en vigencia de la ley y el vencimiento del convenio podían producir perjuicios graves y de difícil reparación, además de alterar el equilibrio de la negociación colectiva protegida por la Constitución Nacional.

La cautelar tendrá una vigencia de 6 meses y obliga al Poder Ejecutivo Nacional a abstenerse de aplicar las disposiciones suspendidas en el ámbito del sector comercio, garantizando así la continuidad de los convenios colectivos y el sistema de aportes hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

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Comercio: suspensión cautelar de los topes y restricciones a los aportes solidarios previstos en la Ley 27.802

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