Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, se aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares. El debate se extendió por más de 11 horas en lo que fue la primera sesión de la Cámara baja desde que arrancó el periodo ordinario.

El proyecto de reforma del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), consolida un nuevo marco normativo que redefine el objeto de protección y fortalece las facultades provinciales sobre sus recursos naturales.

Puntos claves de la reforma

La nueva normativa introduce cambios sustanciales orientados a precisar el alcance de la tutela ambiental y armonizarla con el desarrollo económico sostenible.

1. Redefinición del objeto de protección

El nuevo Artículo 1° establece que la ley protege a los glaciares y al ambiente periglacial en tanto constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas. Se especifica que esta protección debe ser compatible con la utilización racional de los recursos naturales que pertenecen al dominio originario de las provincias (Art. 124 de la Constitución Nacional).

2. Funciones hídricas y el Inventario Nacional

La reforma introduce un criterio de significancia hídrica:

Identificación: será atribución exclusiva de las autoridades ambientales de cada jurisdicción identificar qué geoformas cumplen efectivamente con las funciones hídricas previstas.
Actualización del Inventario: los datos recabados por las provincias en sus evaluaciones de impacto ambiental deberán ser compartidos con el IANIGLA para actualizar el Inventario Nacional de Glaciares.
Principio Precautorio: se establece que todas las geoformas incluidas en el Inventario se consideran protegidas hasta que la autoridad competente verifique la inexistencia de las funciones hídricas mencionadas. Si se constata que no cumplen dicha función, quedarán fuera del régimen de esta ley.

3. Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA)

Se ratifica que todas las actividades proyectadas en estas zonas - como la exploración y explotación minera o de hidrocarburos - están sujetas a una EIA previa. La autoridad provincial será la encargada de determinar, caso por caso, si una actividad implica una 'alteración relevante' de las funciones hídricas que amerite su prohibición.

Contexto y objetivos de la medida

El Poder Ejecutivo impulsó esta adecuación tras reclamos de provincias integrantes de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Según los fundamentos del proyecto, el texto anterior de la Ley 26.639 generaba 'incertidumbre' y 'controversias interpretativas' que obstaculizaban el desarrollo productivo en las regiones cordilleranas.

Con esta sanción, se busca:

Dotar de seguridad jurídica a los operadores económicos y públicos.
Fortalecer el federalismo, otorgando un rol decisivo a las provincias en la gestión de sus recursos.
Garantizar la sostenibilidad, protegiendo el recurso hídrico sin bloquear el progreso económico.

La ley entrará en vigencia tras su promulgación por el Poder Ejecutivo y su posterior publicación en el Boletín Oficial.

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