La Cámara II de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata rechazó el recurso de una entidad financiera y corroboró que una empresa puede ser considerada consumidora en el marco de una relación bancaria, en un expediente por daños y perjuicios derivados de un presunto incumplimiento contractual.

De acuerdo a la sentencia, una persona jurídica puede quedar alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor cuando actúa como destinataria final de un servicio, aun cuando ese servicio se vincule con su actividad económica, siempre que no se integre de manera directa a su proceso productivo.

Los hechos

El caso “Displa SRL c/ Banco Credicooop Cooperativo Limitado s/ Daños y perj. Incump. Contractual (exc. Estado)” se originó por un reclamo de la actora por daños y perjuicios derivados de un presunto incumplimiento contractual vinculado a una cuenta corriente bancaria.

Durante el trámite del proceso, surgió una cuestión previa vinculada al encuadre jurídico del caso: si la relación debía analizarse bajo las normas del derecho común o si correspondía aplicar el régimen de defensa del consumidor.

La controversia se centró en determinar si la empresa actora podía ser considerada “consumidora” en los términos de la Ley 24.240. La demandada sostuvo que la actora es una sociedad con actividad comercial relevante -fabricación, importación y comercialización de insumos ópticos-, con facturación significativa, personal registrado y marcas propias, por lo que no encuadraría dentro de la categoría protegida por la normativa consumeril.

En ese sentido, argumentó que el reconocimiento de tal carácter implicaría otorgarle beneficios procesales, como la exención del pago de la tasa de justicia y eventualmente de las costas, lo que -según su postura- resultaba improcedente.

La actora defendió la aplicación del régimen de consumo, al sostener que se encontraba alcanzada por la categoría de “consumidor empresario”, en tanto utilizaba el servicio bancario como destinataria final, sin integrarlo directamente a su proceso productivo.

Fallo de primera instancia

El juzgado interviniente admitió que la causa tramitara bajo el régimen de defensa del consumidor. La resolución consideró aplicable la normativa consumeril al entender que la relación bancaria discutida en el expediente reunía los presupuestos exigidos por la legislación vigente para ser considerada una relación de consumo.

El magistrado entendió que el servicio de cuenta corriente bancaria constituía una prestación autónoma y diferenciable de la actividad productiva específica de la actora y que su utilización no implicaba necesariamente una incorporación directa al proceso productivo de fabricación de insumos ópticos.

Asimismo, la decisión valoró que la Ley de Defensa del Consumidor reconoce expresamente la posibilidad de que personas jurídicas sean consideradas consumidoras cuando adquieren o utilizan bienes y servicios como destinatarias finales.

Apelación de la demandada

Contra esa resolución, la demandada interpuso recurso de apelación. En sus agravios, insistió en que la actora desarrollaba una actividad netamente comercial y empresarial incompatible con la protección consumeril.

Sostuvo que la interpretación del juzgado contrariaba los artículos 1 y 2 de la Ley 24.240, al extender la protección a una sociedad con actividad comercial organizada, capacidad económica relevante y profesionalidad en su rubro.

Además, el banco remarcó que dicha consideración arrastraba consecuencias procesales, en particular el beneficio de gratuidad y la eventual carga económica que recaería sobre la demandada en caso de resultar vencida.

Por su parte, al responder el recurso, la actora argumentó que la legislación vigente admite la figura del “consumidor empresario” y que, en el caso concreto, el servicio bancario no se incorporaba de manera directa al proceso productivo, sino que era utilizado como destinataria final, lo que justificaba la aplicación del régimen protector.

La sentencia de la Cámara

Los camaristas Leandro Banegas y Hugo Rondina examinaron el alcance del concepto de consumidor previsto en la Constitución Nacional y en la Ley 24.240 y destacaron que incluye tanto a personas físicas como jurídicas que adquieren o utilizan bienes o servicios como destinatarios finales.

Asimismo, explicaron que la modificación introducida por la Ley 26.361 amplió el concepto de consumidor al eliminar la exclusión de quienes incorporaban bienes o servicios a procesos productivos, siempre que no lo hicieran de manera directa.

En ese marco, abordaron la discusión sobre la figura del “consumidor empresario” y señalaron que existen distintos criterios doctrinarios para su delimitación, entre ellos el destino final del bien o servicio, la profesionalidad del adquirente, la naturaleza del objeto y la situación de vulnerabilidad en la relación contractual.

Al aplicar dichos parámetros al caso concreto, entendieron que la cuenta corriente bancaria utilizada por la empresa, si bien vinculada a su actividad económica, no se integra de manera directa al proceso productivo específico.

En ese sentido, señalaron que el servicio bancario constituye un instrumento para la gestión patrimonial de la empresa, pero no forma parte del núcleo de producción de bienes, lo que permite encuadrar a la actora como destinataria final respecto de ese servicio.

El tribunal también ponderó la existencia de una asimetría en la relación contractual entre la empresa y la entidad bancaria, derivada de la falta de especialidad de la primera en materia financiera, lo que la coloca en una situación de vulnerabilidad relativa frente al banco.

Sobre esa base, concluyeron que en el caso se configuraban los presupuestos para aplicar el régimen consumeril, sin que ello implique una extensión automática a otros supuestos, ya que, destacaron, el análisis debe realizarse en función de las particularidades de cada relación jurídica.

En cuanto al beneficio de gratuidad, señalaron que se trata de un instituto autónomo que opera por disposición legal, aunque aclararon que la demandada puede promover un incidente para acreditar la solvencia de la actora y eventualmente dejar sin efecto dicho beneficio.

De esta manera, rechazaron el recurso de apelación y confirmaron la tramitación del proceso bajo el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor.

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