Por: Nicolás Antiporovich

Periodista especializado en Criptomonedas

Hace casi un año que la plataforma Worldcoin está operativa. Este es un protocolo desarrollado por Sam Altman (quien también es CEO de OpenAI) que, mediante el escaneo voluntario de datos biométricos, le otorga una identidad digital única a sus usuarios.

En Argentina, Worldcoin causó furor y polémica desde el primer día. El motivo es que, a cambio de escanearse el iris en un dispositivo especial denominado “orb”, los usuarios reciben cierta cantidad de tokens WLD. Estos pueden venderse a cambio de pesos en varias plataformas (o incluso a otras personas) constituyendo así una especie de renta básica.

El monto de esta renta básica varía según el precio al que cotice WLD. A lo largo de los meses, los usuarios de Worldcoin han recibido entre 12 y 60 dólares por mes, aproximadamente.

Precio de WLD desde su lanzamiento en 2023. Fuente: CoinGecko.

Precio de WLD desde su lanzamiento en 2023. Fuente: CoinGecko.

Ahora bien, este mecanismo de “dinero gratis” al que ya se sumaron más de 5 millones de personas en 120 países, no cae del todo bien a muchas entidades estatales. Específicamente, el sistema de escaneo de datos biométricos está bajo la mira de muchos organismos reguladores del mundo.

En España, por ejemplo, el escaneo de ojos por parte de Worldcoin ha sido prohibido a inicios de marzo. Aunque Tools for Humanity (organización detrás de Worldcoin) presentó un recurso de amparo para poder seguir realizando sus actividades, este fue rechazado por la Audiencia Nacional.

En los Estados Unidos Worldcoin realiza el proceso de verificación pero no entrega el token WLD (tampoco pueden recibirlo ciudadanos estadounidenses, aunque residan en otras partes del mundo). Probablemente se toma esta medida para evitar conflictos judiciales con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que califica muchas criptomonedas como ‘securities’ (títulos valor) no registrados.

La situación de Worldcoin en Argentina

Worldcoin continúa operativo en Argentina. En lugares públicos todavía pueden encontrarse los “orbs” instalados y gente haciendo filas para escanearse los ojos y comenzar a recibir su renta básica en WLD.

Fotografía de un ‘orb’, dispositivo utilizado por Worldcoin para el escaneo de datos biométricos. Fuente: Worldcoin X

Fotografía de un ‘orb’, dispositivo utilizado por Worldcoin para el escaneo de datos biométricos. Fuente: Worldcoin X

Vale aclarar que esta actividad no está exenta de críticas y polémicas desde algunos sectores de la administración pública. En este sentido, como se detallará, se dejan entrever diferentes criterios entre el Gobierno de la Nación y algunas jurisdicciones locales, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires.

A nivel nacional, sorprendió una reciente reunión entre Alex Vania, CEO de Tools for Humanity, con Demián Reidel, integrante del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei. No se han conocido demasiados detalles sobre la conversación entre ambos, pero, consultado por periodistas, Vania mostró optimismo por la expansión que el protocolo (y las criptomonedas, en general) tiene en el país.

Dijo el empresario: “La Argentina tiene una penetración de cripto que está entre las más altas del mundo, está en el top cinco. Y tiene una democracia estable, y una economía fuerte, más allá de los desafíos actuales, que creo que es lo que está acelerando la adopción de criptomonedas a un ritmo mayor que en el resto del mundo”.

Llama la atención su opinión de que Argentina tiene una economía fuerte. Podría pensarse que, precisamente, es la fragilidad de la economía lo que impulsa a buscar alternativas como las criptomonedas o a escanearse el iris a cambio de tokens que luego pueden venderse.

En la Provincia de Buenos Aires, en cambio, Worldcoin está bajo la lupa del Gobierno local. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires considera que la empresa aplica 'cláusulas abusivas'.

Al respecto, se pronunció el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, Ariel Aguilar. “Cabe preguntarse si los datos biométricos se almacenan o si son eliminados en forma inmediata, si hay bases de datos donde quedan guardados y dónde se almacenan los datos personales de las y los usuarios de la Argentina”, dijo el funcionario.

Añadió Aguilar: “La complejidad de estos contratos, lo novedoso de la operatoria desplegada, el bien jurídico que está en juego y la falta de información, impiden comprender clara y plenamente las reglas y el funcionamiento de toda esta operatoria”.

Entre las posibles infracciones detectadas mediante fiscalizaciones está el hecho de que, según se determinó, la empresa no exhibiría señalizaciones que muestren que es necesario ser mayor de 18 años para escanearse el iris.

También, según puede leerse en un comunicado del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se “descubrieron contradicciones en lo informado por la empresa en cuanto al uso, resguardo y almacenamiento de los datos biométricos recolectados, (...) información privada que, aparentemente, sería almacenada en Brasil”.

Entre las presuntas cláusulas abusivas detectadas está, por ejemplo, una que habilita a la organización a interrumpir el servicio sin ofrecer a cambio ninguna reparación o reembolso. También se encuentra el hecho de que se obligue a los usuarios (en los “términos y condiciones” que pocas personas se toman el trabajo de leer) a renunciar a reclamos colectivos.

Worldcoin, por sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires se expone a multas de hasta 1.000 millones de pesos (aproximadamente equivalentes a 1 millón de dólares al momento de esta publicación).

Sobre esto, Worldcoin niega incumplir reglamentaciones vigentes en Argentina o en la Provincia de Buenos Aires. Además, asegura manejar la información de sus usuarios con elevadas medidas de seguridad y con total confidencialidad.

Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta historia, cómo avanza el Gobierno bonaerense con las denuncias presentadas y qué ocurrirá a nivel nacional, teniendo en cuenta la cercana reunión entre el CEO de Tools for Humanity y un consejero del presidente Javier Milei.

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