El Poder Ejecutivo Nacional prevé reimpulsar, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, el Proyecto de Ley “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, también conocido como “inocencia fiscal”.

La iniciativa -presentada con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona- tiene por objeto simplificar procedimientos, reducir la litigiosidad y racionalizar el ejercicio del poder punitivo estatal en materia fiscal, según los fundamentos acompañados.

Entre otras cuestiones, permitiría a los pequeños ahorristas que tienen dólares fuera del sistema financiero reintroducirlos en el mercado sin sufrir sanciones económicas ni persecuciones penales.

El proyecto deberá ser tratado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General, y se analiza girarla a algunas más ya que se modifica el Régimen Penal Tributario.

Ejes centrales de la propuesta

El proyecto contempla modificaciones en tres planos: procedimental, penal y declarativo, bajo el principio de “reconocer al contribuyente como ciudadano de buena fe”.

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Actualización del Régimen Penal Tributario

El Título I propone cambios al Título IX de la Ley 27.430. Entre ellos se destacan el incremento de los montos mínimos que configuran delitos tributarios como, por ejemplo:
• Evasión simple: eleva el umbral de $1,5 millones a $100 millones.
• Evasión agravada: aumenta de $15 millones a $1.000 millones.
• Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales: pasa de $2 millones a $200 millones.
• Apropiación indebida de tributos o aportes previsionales: se incrementa de $100.000 a $10 millones.
• Otros tipos penales y sanciones formales se ajustan en proporción.

Asimismo, se incorpora un mecanismo de extinción de la acción penal, aplicable cuando el contribuyente cancele la deuda e intereses antes de la denuncia. En caso de que la acción ya se hubiera iniciado, podrá extinguirse mediante el pago total y un adicional del 50 % dentro de los 30 días hábiles posteriores a la imputación. Este beneficio será de única utilización por persona o empresa.

El texto dispone que la acción penal no podrá proseguir una vez prescripta la facultad de determinación de la deuda, y excluye la aplicación de la extinción prevista en el artículo 59 del Código Penal.

Además, redefine los supuestos en que la Administración puede abstenerse de formular denuncia penal, tales como diferencias de interpretación, errores técnicos o presentación espontánea de declaraciones rectificativas antes del inicio de la fiscalización.

Reformas al Procedimiento Tributario y a la prescripción fiscal

El Título II introduce una revisión de la Ley 11.683 (Procedimiento Tributario), con el propósito de acortar los plazos de prescripción, actualizar las sanciones y establecer reglas objetivas de control.

Se reemplaza por completo el texto del artículo 56 de la Ley 11.683 y se fijan tres plazos distintos de prescripción para las facultades del Fisco:
• Tres años: aplicable cuando el contribuyente inscripto haya presentado en término su declaración jurada y, en su caso, regularizado el saldo a pagar, siempre que el organismo recaudador no impugne lo declarado ni detecte una “discrepancia significativa”.
• Cinco años: será el plazo general, aplicable a contribuyentes inscriptos o no inscriptos que no tengan obligación de registrarse, o que regularicen espontáneamente su situación.
• Diez años: regirá para contribuyentes no inscriptos que omitan registrarse pese a estar obligados.

De este modo, la reducción a tres años se convierte en un beneficio condicionado al cumplimiento formal y material de las obligaciones.

Si el contribuyente mantiene una conducta regular, el Estado no podrá reabrir períodos más allá de ese plazo.

El artículo también precisa los términos de prescripción para otras acciones:
• Cinco años para la acción de repetición.
• Cinco años para exigir devoluciones indebidas o créditos fiscales acreditados de manera incorrecta.
• Cinco años para las obligaciones de agentes de retención y percepción.

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La figura de la “discrepancia significativa”

El nuevo artículo incorporado a continuación del 56 define con precisión cuándo puede el fisco desconocer los plazos reducidos. Se considerará que existe discrepancia significativa si se verifica alguna de las siguientes condiciones:
• La impugnación del organismo determina un incremento del impuesto o una reducción de saldos a favor superior al 15% respecto de lo declarado.
• La diferencia entre el impuesto declarado y el determinado excede los montos del artículo 1° del Régimen Penal Tributario.
• Se detecta la utilización de facturas o documentos apócrifos que generen créditos fiscales o quebrantos indebidos.

En estos supuestos, el organismo podrá extender la fiscalización a los períodos no prescriptos y aplicar las sanciones correspondientes.

La inclusión de parámetros cuantitativos reemplaza el margen discrecional anterior y otorga certeza jurídica sobre el alcance de la revisión fiscal.

Actualización de multas y valores

El proyecto también actualiza los montos de las multas previstas en los artículos 38 a 40 de la Ley 11.683, que datan de los años noventa. Así, sanciones que oscilaban entre $200 y $20.000 pasan a montos de entre $220.000 y $22 millones, dependiendo del tipo de infracción. Con ello, se busca restablecer la efectividad del régimen sancionatorio sin multiplicar procedimientos judiciales por valores insignificantes.

Unificación con el Código Civil y Comercial

El Capítulo II del Título II modifica los artículos 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que establece que, en materia tributaria, los plazos de prescripción locales deberán regirse por la Ley 11.683. De esta forma, ninguna provincia, municipio ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá establecer términos distintos para sus tributos, lo que unifica el sistema en todo el país.

Asimismo, se modifican las leyes 23.660, 23.661 y 14.236 -referidas a obras sociales y aportes previsionales- para reducir a cinco años los plazos de prescripción en los casos de cumplimiento regular y sin discrepancias. Se aplican los mismos criterios objetivos de diferencia del 15% o detección de documentación falsa.

Régimen de Declaración Jurada Simplificada

El texto crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada aplicable al Impuesto a las Ganancias, destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes que, en los dos ejercicios previos, cumplan los siguientes parámetros:
• Ingresos anuales de hasta $1.000 millones.
• Patrimonio total (bienes en el país y en el exterior) de hasta $10.000 millones.
• No ser considerados grandes contribuyentes nacionales.

Los alcanzados podrán aceptar una declaración jurada prearmada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Con el pago correspondiente, quedarán liberados de toda obligación formal o material por ese período.

El régimen establece una presunción de exactitud sin admitir prueba en contrario para las declaraciones de Ganancias y de IVA, salvo que se detecten discrepancias significativas. En ese supuesto, la autoridad podrá ampliar la fiscalización, determinar de oficio e imponer sanciones.

La extensión no resultará aplicable para quienes reúnan los requisitos del régimen ni para los acogidos al Régimen de Regularización de Activos de la Ley 27.743, configurando un incentivo adicional a la formalidad tributaria.

El Título III invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir o dictar regímenes de fiscalización simplificados, en concordancia con el modelo nacional.

Fundamentos

Los fundamentos del proyecto indican que la iniciativa procura redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes, priorizando la prevención y reparación del daño fiscal por sobre la sanción.

El texto también señala que la reforma busca “superar la concepción del contribuyente como sujeto potencialmente infractor” y reconstruir la confianza en la administración tributaria mediante principios de buena fe y cooperación.

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