La sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó el rechazo de una acción de amparo contra el Estado Nacional, en la que se solicitaba la posibilidad de elegir libremente el taller de revisión técnica de un automotor radicado en la provincia de Buenos Aires, ya que a partir de la resolución 928/2018 de la Comisión Nacional de Transporte Automotor, se le informó al actor que debía recurrir a un taller provincial y no al que lo hacía habitualmente (de base nacional).

Para los magistrados, no mediaba un obrar arbitrario por parte de la Administración, sino -por el contrario- se había puesto a su disposición la posibilidad de una solución informándole que podía concurrir a una planta móvil en la ciudad de Ensenada partido de La Plata.

En el caso “F. C. G. c/ Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y otro s/ amparo Ley 16.986”, el actor inició una acción de amparo contra el Estado Nacional - Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y contra el Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se disponga la posibilidad de elegir libremente el taller de Revisión Técnica RTO para poder circular con su vehículo automotor.

Los hechos y argumentos del actor

El solicitante indicó que era titular de un vehículo automotor de marca Chevrolet Trailblazer, modelo 2018, por lo que tenía más de 3 años de antigüedad y debía dar cumplimiento a la Revisión Técnica Obligatoria dispuesta por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Relató que hasta el dictado de la resolución 928/2018 de la CNRT, los talleres nacionales de Revisión Técnica automotor instalados en la Provincia de Buenos Aires podían realizar la revisión técnica de automotores particulares.

Por este motivo, explicó que siempre realizó la RTO en los talleres de la firma S. S.A., ubicado en la localidad de Quilmes y que se le informó que como su rodado estaría “radicado” en la provincia de Buenos Aires debía concurrir a una planta de VTV de la provincia.

En este marco, el accionante intentó obtener el turno web en la página de la VTV, pero se encontró con que el sistema no funcionaba y no se le permitía obtener una fecha para esta verificación. Además, dijo que no se le permitía asistir a una planta de VTV sin turno web, por el cual le resultaba imposible acceder a la revisión del rodado.

Detalló que esta situación lo llevó a que, a partir de octubre de 2021, viera limitado y restringido la posibilidad de usar su automotor y de poder circular por el país, lo que lesionaba su derecho de propiedad, de circulación y de ejercer industria lícita.

Asimismo, expuso que la consecuencia de circular con la revisión técnica vehicular vencida implicaba la aplicación de una multa pecuniaria, la retención de la licencia de conducir y el eventual secuestro del vehículo.

La sentencia de primera instancia rechazó la acción.

Contra dicha sentencia, el actor interpuso recurso de apelación. Solicitó se revoque la sentencia y se ordene a cualquier taller Nacional ubicado en Quilmes a que proceda a realizar la revisión técnica de su automotor, quedando el pago de los aranceles correspondientes por el servicio a su cargo.

El fallo de la Cámara

Los camaristas Roberto Lemos Arias y César Álvarez, en primer término, analizaron el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad de la vía intentada, esto es, la presencia de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, la inexistencia de otro remedio legal y la posibilidad de inferir un daño grave e irreparable si se desviara la petición a los procedimientos judiciales o administrativos comunes.

Al respecto, recordaron que la acción de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuándo la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y prueba, extremos cuya demostración es decisiva para su procedencia o imprescindible.

En efecto, explicaron que “su rechazo sólo puede adoptarse con criterio estricto y reservarse para aquellos supuestos en que no exista duda alguna respecto de su inadmisibilidad, es decir, que resulte tan manifiesta como para ser declarada en forma categórica y sin necesidad de la verificación de supuestos de hecho que requieran mayor debate o prueba”.

Pues bien, ni aún con dicha amplitud puede reputarse que la pretensión deducida satisfaga los requisitos de admisibilidad exigidos por los arts. 43 de la Constitución Nacional y 1° de la ley 16.986.

La actuación del Estado no era arbitraria

En esa inteligencia, los jueces indicaron que no podía predicarse tal como lo propicia el apelante, que la actuación de la demandada resulte manifiestamente arbitraria. De hecho, la argumentación de la actora en el escrito de demanda, refleja precisamente, que aquella condición se encuentra ausente. En primer término, por no haber un manifiesto accionar que se considere arbitrario o que transgreda la voluntad del actor por parte de la demandada.

En segundo término, porque por las particularidades de la contienda, el reclamo administrativo previo ante el Ente Regulador VTV puede aportar soluciones útiles en la instancia en que se formula, de manera de arribar, en caso de disconformidad con la solución del órgano, al remedio judicial más idóneo (conf. artículo 72 de la ley 24.065).

Ello sumado a que se requirió la realización del reclamo administrativo previo y de la respuesta acompañada, no surge que la demandada le hubiese negado o rechazado la posibilidad de realizar la verificación técnica vehicular obligatoria, sino todo lo contrario, de ella se evidenciaba que la demandada había puesto a su disposición la posibilidad de una solución informándole que podía concurrir a una planta móvil en la ciudad de Ensenada partido de La Plata.

Por ello, confirmaron la decisión apelada.

VTV: no procede amparo que pedía poder elegir el taller de revisión