Por: Julieta Fiumana

I - Introducción

En la era digital, la violencia contra las mujeres ha encontrado nuevos escenarios en los que manifestarse, y las redes sociales y plataformas en línea han devenido en herramientas que, aunque permiten la comunicación global, también facilitan el hostigamiento, la intimidación y la difamación. Estos entornos virtuales pueden transformarse en vehículos de violencia de género, en los que las víctimas enfrentan una exposición constante que agrava el impacto psicológico y emocional de los ataques.

En respuesta a esta problemática, Argentina ha desarrollado un marco normativo específico: la ley 26485[2] de protección integral a las mujeres, ampliada en 2023 con la sanción de la ley 27736[3], más conocida como ley Olimpia, que reconoce y combate la violencia digital como una modalidad de violencia de género.

Simultáneamente, la ley 25326[4] de protección de datos personales garantiza el derecho a la privacidad y a la protección de la información personal, especialmente, en entornos interconectados. Sin embargo, la aplicación de esta ley en casos de violencia digital plantea desafíos importantes en términos de competencia judicial y protección efectiva para las víctimas.

Un reciente fallo en La Pampa ilustra esta intersección normativa: en un caso de hostigamiento digital, la jueza de primera instancia aplicó la ley de protección de datos para declarar competencia federal, argumentando que la eliminación de publicaciones ofensivas implicaba el tratamiento de datos personales, y que, en consecuencia, la jurisdicción correspondía al fuero federal. La cámara de apelación revocó la sentencia de primera instancia, considerando que correspondía el fuero local por encuadrarse el caso en la ley 26485 sobre violencia de género.

Cabe preguntarse: ¿cómo interactúan las leyes de protección de datos y género en contextos de violencia digital en materia de competencia? ¿Fue acertado el fallo de la cámara?

II - Hechos del caso

En el marco del caso “V., L. D. R. M. s/amparo”, número 23875[5], la parte actora, una mujer, denunció a su expareja, un varón, por conductas de hostigamiento, intimidación y difamación en su contra, realizadas a través de redes sociales y diversos portales de noticias. Según su relato, el demandado había llevado a cabo una serie de publicaciones en Facebook y otras plataformas en las que la atacaba personalmente, afectando su imagen, su dignidad y su intimidad. Además, señaló que estas publicaciones no solo eran ofensivas, sino que también generaban un entorno de miedo y ansiedad, dado que formaban parte de lo que describió como una estrategia de “denuncialismo serial”, en la cual el demandado la atacaba sistemáticamente en línea.

Ante esta situación, la actora solicitó a la justicia que ordenara la eliminación de las publicaciones ofensivas, tanto en redes sociales como en portales de noticias, y que se instara al demandado a cesar toda conducta de hostigamiento en los espacios digitales. Argumentó que las campañas de difamación y hostigamiento afectaban no solo su vida personal, sino también su bienestar psicológico y su seguridad. En particular, pidió medidas cautelares urgentes para detener el acoso en línea y proteger sus derechos.

La jueza de primera instancia analizó el caso y concluyó que debía ser tratado en el ámbito de la ley 25326 de protección de datos personales. Interpretó que la eliminación de las publicaciones solicitada por la actora implicaba un tratamiento de datos personales en redes sociales, lo cual, conforme a los artículos 36 y 44 de la ley, establecía la competencia federal en cuestiones de bases de datos interconectadas. Con base en esta interpretación, la jueza declaró su incompetencia y remitió el caso al fuero federal.

Los fundamentos de la jueza de primera instancia consistieron en que la petición de eliminación de publicaciones en redes sociales y las que en el futuro puedan efectuarse involucra la aplicación de la ley 25326 de protección de datos personales, que determina la competencia federal para asuntos de esta naturaleza [art. 36, inc. b)]. Ello, interpretando que la pretensión de la parte actora consistía en la eliminación de contenidos que obran en bases de datos interconectadas en redes virtuales interjurisdiccionales. Por eso, consideró indudable que la causa debía encontrarse sometida a la jurisdicción federal en razón de la materia, atento lo dispuesto por los artículos 36, inciso b), y 44 de la ley 25326.

Contra ello, la parte actora interpuso un recurso de apelación, alegando que la jueza de primera instancia había cambiado el sentido de su petición, siendo que se había solicitado expresamente que se adopten medidas de protección en el entorno digital en los términos de la ley 26485. Nunca se había solicitado una mera supresión de datos de un registro o banco de datos personales.

A su vez, la parte actora manifestó que la declaración de incompetencia importaba una barrera en el acceso de la justicia, siendo que demoraba el dictado de medidas urgentes, orientadas a hacer cesar la violencia impartida por la parte demandada. Finalmente, la parte actora refirió que la resolución atacada vulneraba la debida diligencia, y comprometía la responsabilidad asumida por el Estado argentino en materia de violencia de género, a partir de múltiples tratados.

Ante el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión de la jueza de grado. Argumentó que el conflicto debía enmarcarse bajo la ley 26485 de protección integral a las mujeres y su modificación por la ley Olimpia (L. 27736), que amplía la protección contra la violencia de género al entorno digital.

La Cámara sostuvo que la naturaleza del caso no se centraba en la protección de datos personales, sino en la protección contra la violencia digital de género, la cual es competencia local. Además, enfatizó la importancia de una protección judicial rápida y efectiva en casos de violencia de género, para evitar la revictimización de la actora y garantizarle acceso a medidas cautelares inmediatas.

Además:

III - Marco legal
IV - Desarrollo
V - Conclusión

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