La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a un recurso de apelación que presentó la defensa oficial de una mujer víctima de violencia de género y dejó sin efecto la reciprocidad de las medidas decretadas y los apercibimientos de sanciones dispuestos respecto de la denunciante. Además, mantuvo sólo las prohibiciones ordenadas –con sus apercibimientos– al agresor y, finalmente, modificó la decisión, y estableció que la prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima regía en un radio de 200 metros de cualquier lugar donde ella se encontrase.

En el caso “RSMT c. SA s/ ART 250 C.P.C.” Expte. Nº 33027/21, la señora R. S. denunció a su ex pareja, A. S., por episodios de violencia de género. Los profesionales del equipo técnico de la Oficina de Violencia Domestica detectaron una dinámica vincular entre ambos caracterizada por arraigados estereotipos de género con la presencia de actos de violencia física, psicológica-verbal simbólica y económica. Además, A. S. tenía consumo problemático de alcohol y demostraba tener un deseo de sostener dominio y control sobre R. S.

Por otro lado, la evaluación interdisciplinaria de situación de riesgo llevada a cabo concluyó que se trataba de una conflictiva vincular con componentes de género, dificultades del denunciado para aceptar la finalización del lazo y antecedentes de violencia en los que se fundaba el temor de la denunciante. También, se valoró la situación como de riesgo psicofísico moderado que podría incrementarse en función de –entre otros factores– el miedo expresado por la entrevistada, la decisión del denunciado de instalarse en la casa contigua, la persistencia de la violencia económica del denunciado por el incumplimiento de los deberes alimentarios, las vulnerabilidades concurrentes de la entrevistada, y el hecho de que la nueva denuncia podría incrementar la conflictividad entre las partes.

En ese contexto, la jueza de primera instancia dispuso hacer saber a A. S. que por el plazo de 90 días tenía prohibido acercarse a la Sra. M. T. R. S., en un radio no inferior a 100 metros de cualquier lugar donde ella se encontrara. Además, tal medida importo la suspensión de todo tipo de contacto por cualquier medio, bajo apercibimiento de aplicársele una multa de $20.000 a favor de la persona denunciante. Sin embargo, en el punto 2 de la misma resolución, la jueza dispuso que la medida era de carácter recíproca entre las partes.

Por este motivo, la víctima interpuso un recurso de apelación y entre sus agravios expresó que la reciprocidad de las medidas cautelares invisibiliza la violencia de género denunciada al ver comprometida su responsabilidad penal. Además, consideró violado su derecho al debido proceso, en la medida en que se trata de una restricción de derecho que no fue requerida por nadie y que carecía de toda motivación y fundamentación. En ese sentido expresó que más allá de que la finalidad perseguida fuera legítima, tampoco era una respuesta razonable; sino que se presenta como una medida paternalista incompatible con nuestro modelo constitucional (art. 19 CN), que evidencia la presencia de un estereotipo victimista, que muestra a las mujeres como seres débiles que necesitan que alguien más asuma el control, lo que configura un trato denigrante y revictimizante que vulnera la dignidad de la persona.

Los jueces Ramos Freijó y Parrilli y la jueza Maggio hicieron lugar al recurso y dejaron sin efecto la reciprocidad de las medidas decretadas y los apercibimientos de sanciones dispuestos respecto de la Sra. R. S. Además, mantuvieron sólo las prohibiciones ordenadas –con sus apercibimientos– al Sr. A.S. Por último, modificaron la decisión, y establecieron que la prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima regía en un radio de 200 metros de cualquier lugar donde ella se encontrase.

La Sala consideró que conforme el art. 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -`Convención de Belem do Pará´- toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. En el art. 7 de la mencionada Convención los Estados Partes asumieron –entre otros- los compromisos de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Además, destaco de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de los Estados de garantizar la igualdad y la no discriminación está íntimamente vinculada con la prevención de la violencia contra las mujeres.

Con cita en el fallo de “González y otras vs. México- “Campo Algodonero”, sentencia del 16/11/2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacaron que 'los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y […] deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz antes las denuncias. Es decir, deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Y destacó que los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención de Belem do Pará”.

Por otra parte, consideró que en el caso en análisis debía tenerse particularmente en cuenta la situación de especial vulnerabilidad a la violencia que presenta la Sra. R. S. en su condición de mujer inmigrante y por encontrarse en una situación económica desfavorable. En ese sentido, entendió que el temperamento adoptado por la a quo soslayaba la asimetría vincular y desequilibrio de poder existían entre la denunciante y el denunciado; es decir que en el vínculo entre la Sra. R. S. y el Sr. S. se reproducía las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, de las cuales la violencia contra la mujer resultaba un claro emergente.

Destacando el concepto de medidas cautelares, los jueces entendieron que el pronunciamiento apelado ignoraba diversos principios procesales, ya que por un lado se ha decretado de oficio una medida cautelar a favor del denunciado –el Sr. S.–, quien no la ha peticionado; y por otro lado, se había dictado pese a que en el caso no se encontraban reunidos los presupuestos requeridos para su otorgamiento –verosimilitud del derecho y peligro en la demora–, ya que no surgía de las constancias de autos que el Sr. S. haya denunciado por un hecho de violencia a la Sra. R. S., ni que se le hubiese practicado a aquel una evaluación de riesgo de la que resultare que necesita ser protegido de ella, ni elemento alguno que permita suponer que es víctima de ella.

En ese contexto, y ante la total ausencia de denuncia y evidencia de que las agresiones sean mutuas, la reciprocidad de la medida, así como los apercibimientos de sanciones dispuestos respecto de la Sra. R. S. debían ser revocados, y mantenerse exclusivamente las prohibiciones ordenadas –con sus correspondientes apercibimientos– sólo al Sr. A. S.

Fallo reciente

En un reciente fallo, el Juzgado de Paz de Mocoretá, Provincia de Corrientes dispuso la prohibición de acercamiento del denunciado respecto de la víctima (denunciante), quien se trasladaría a otra ciudad junto a sus hijos, debiendo la Municipalidad facilitar dicho traslado.

En el caso XXXXXX c/R. XXXXXXXX s/violencia de género, se presentó una mujer manifestando que se radicará en otra ciudad, provincia de Misiones, y solicitó iniciar actuaciones a efectos de obtener la prohibición de acercamiento de su ex pareja hacia su domicilio y/o su persona y, el cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realizaba hacia ella.

A la hora de fallar, el juez destacó la jurisprudencia aplicable al caso que entendía que el proceso de denuncia no tiene por objeto demostrar la veracidad o no del relato de la víctima sino, a lo que apunta la normativa dictada en materia de violencia doméstica, es más bien, a constituir una herramienta de naturaleza cautelar que otorga al juez la potestad de adoptar medidas de índole variada con la finalidad de logar un eficaz e inmediato cese en la situación de crisis aguda provocada como consecuencia de vínculos familiares en los que impera el maltrato físico y/o psíquico.

Destacó que la denunciante era una persona en situación de vulnerabilidad, en los términos las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, adheridas por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes por Acdo. 34/10, pto. 18°, que expresamente define a las personas en situación de vulnerabilidad como “aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico” [...] y que “Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad”.

Finalmente, señaló que se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica. […] Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.

Violencia de género: se modifica una medida de protección de prohibición de acercamiento que fue dictada de manera reciproca