Recordemos que el Pacto o Consenso Fiscal 2017 –Ley 27429– había establecido en el punto II inciso p) del Anexo como compromiso asumido por el Estado Nacional el de “disponer de un organismo federal que cuente con la participación de las provincias y de la CABA, que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”.

A su vez, en el punto III inciso g) se había estipulado como compromiso asumido por las jurisdicciones locales el de “adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal.

Para ello, las provincias y la CABA asegurarán a ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros locales.

En los casos en que el tributo fuera de competencia municipal, los gobiernos provinciales impulsarán acuerdos para que los municipios apliquen igual criterio para la determinación de la base imponible”.

En este contexto, y por medio del decreto 938/2018, se creó el Organismo Federal de Valuación de Inmuebles, que tiene por objeto determinar los procedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en el territorio de las jurisdicciones locales.

En virtud de lo expuesto, la ley 27480 modificó la ley de bienes personales a fin de que en la valuación se consideren los valores fiscales determinados de conformidad con el procedimiento y la metodología que a tal fin establezca el Organismo Federal de Valuación de Inmuebles.

No obstante, se precisó que lo establecido con relación al Organismo Federal de Valuación de Inmuebles resultará procedente a partir del primer período fiscal inmediato siguiente al de la determinación de los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales por parte del organismo federal.

En virtud de lo expuesto, a partir del período fiscal 2018 y hasta que lo expuesto anteriormente suceda, debe considerarse la base imponible para el impuesto inmobiliario o valor fiscal, el mayor, vigente al 31 de diciembre de 2017, el que se actualizará teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, operada desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se trate.

Lo expuesto implica que para los períodos fiscales 2018, 2019, 2020 y aun 2021 seguirá considerándose la base imponible o valor fiscal de diciembre de 2017 actualizado. Ello, por cuanto aun cuando el organismo fije las pautas respectivas en 2021, surtirán efectos recién para la liquidación del período fiscal 2022. Aunque, claro está, no se sabe cuándo esto último ocurrirá.

Impuesto sobre los Bienes Personales: valor imponible sustituto de los inmuebles