La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad la apelación de un hombre que había cuestionado el uso obligatorio del cinturón de seguridad en la vía pública. El actor había argumentado que, al encontrarse solo dentro vehículo, esa obligación es contraria al artículo 19 de la Constitución Nacional.

Al voto principal de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, se sumaron en coincidencia los de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes fueron todos en el mismo sentido: el derecho de las personas a decidir para sí su modelo de vida encuentra su límite cuando pone en riesgo la salud de la comunidad.

Los hechos para apoyar uso obligatorio del cinturón de seguridad

En el caso “Garay, Diego Sebastián c/ Provincia de Mendoza s/ amparo”, en noviembre de 2014, un control de tránsito detuvo al actor, que circulaba en automóvil por la intersección de Acceso Norte y Reconquista, en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.

Al advertir que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, el oficial de tránsito le impuso una multa, tal como lo indica la norma de tránsito local.

El actor planteó, a través de una acción de amparo, la inconstitucionalidad de la ley de tránsito provincial 6082, que lo obligaba a usar cinturón de seguridad cuando circulaba como único ocupante del vehículo y que califica su incumplimiento como una falta vial grave.

Sostuvo que, en esas condiciones, utilizar o no cinturón de seguridad era una acción que no afectaba a terceros y debía quedar exenta de control estatal, en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional.

Recordemos que ese artículo establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Rechazo en los tribunales mendocinos

El actor sufrió el rechazo en todas las instancias provinciales. La Corte Suprema de la provincia de Mendoza señaló que “el uso obligatorio en la vía pública no viola el derecho a la autonomía de las personas” ya que se trata de un “escaso sacrificio personal” que busca garantizar el bien mayor de que las personas al transitar sean conscientes de la seguridad y así proteger vidas.

Y no se trataba de un caso donde estaba en juego la intimidad porque sucedió en la vía pública.

Por otro lado, el máximo tribunal provincial agregó que la ley también protege a terceros. En este punto, señaló que, en los casos donde viaja un solo pasajero, “el uso del cinturón garantiza que la persona en un choque se mantenga en el asiento del conductor y no salga despedida generando un mayor riesgo en el incidente”.

La sentencia de la Corte Suprema sobre el uso del cinturón de seguridad

El caso terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí, los magistrados ratificaron la línea jurisprudencial que protege constitucionalmente las acciones privadas de la intervención estatal, pero señalaron que el caso bajo análisis está fuera de la citada protección.

Con diferentes votos, los magistrados coincidieron en que las normas que regulan el tránsito vehicular buscan coordinar la acción de diferentes actores que interactúan entre sí.

La Corte recordó que “la protección de la salud (tal el objetivo de la cláusula local que considera falta grave conducir sin los correajes y cabezales de seguridad, instrumentos diseñados para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo si ocurre un accidente, con el fin de que no se lesione al hacer de freno del cuerpo frente a la brusca desaceleración producida por el impacto) tiene consagración jurídica en épocas relativamente recientes y está vinculada al llamado Estado de Bienestar”.

El máximo tribunal dijo que el recurrente, en su presentación, sostuvo que frente al derecho a la salud hay otro derecho a la “no salud” que, encuadrado dentro de la elección personal de la forma de vida (y eventualmente de muerte), y sin agraviar el orden, la moral públicos, o los derechos de terceros, tiene la misma entidad y reclama similar tutela jurídica.

Los límites del artículo 19 de la Constitución Nacional

La Corte recordó que el artículo 19 de la Constitución Nacional “asegura a cada persona un ámbito de libertad en el cual ella es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida, incluso cuando sus creencias legítimas la conducen a anteponer otro valor por sobre su propia vida” y que “la reserva de este ámbito de autonomía constituye un rasgo característico de nuestro orden constitucional”.

Sin embargo, enfatizó que “la obligación del uso del cinturón de seguridad en la vía pública –cuyo incumplimiento es sancionado como una falta– no resulta una interferencia indebida en la autonomía individual, pues lo que procura es la prevención de un riesgo cierto de daño a terceros, que es una de las hipótesis previstas por el mencionado artículo 19 para habilitar la intervención estatal y la jurisdicción de los magistrados”.

Los magistrados añadieron que, en su presentación, el actor no refutó el mayor riesgo al que están expuestos los terceros. Para el máximo tribunal, estos “terceros también tienen convicciones y para cuyo ejercicio requieren gozar de la vida; una vida que puede peligrar por la actitud omisiva de conductores como el recurrente de estos autos”.

Por ello, entendió que “el obrar del actor está incurso dentro de las acciones y omisiones sujetos a la regulación estatal, la que, en este caso, está plasmada en la ley provincial de tránsito y en un plan general de seguridad vial”.

Al confirmar la sentencia cuestionada, los jueces concluyeron que el límite de decidir para sí un modelo de vida está dado por la afectación de una política pública de seguridad vial que considera a la salud de terceros como un capital social.

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