La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, dependiente de la Secretaría de Comercio, multó a la empresa de medicina prepaga Omint por 5 millones de pesos tras comprobarse que una de sus clínicas le negó a una mujer el acceso a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La medida, dictada en septiembre de 2024, fue conocida públicamente en junio de 2025, luego de un pedido de acceso a la información realizado por Amnistía Internacional, que acompañó el caso.

De acuerdo a la organización internacional, la paciente, identificada con el nombre ficticio de Blanca, para proteger su identidad, cursaba un embarazo de 11 semanas cuando, en un control médico, le informaron que existían malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Aunque el embarazo era deseado, la mujer decidió interrumpirlo en el marco de la Ley 27.610, que habilita la práctica del aborto hasta la semana 14 de gestación.

Sin embargo, al solicitar el procedimiento en la Clínica Santa Isabel, del Grupo Omint, el médico obstetra que la atendió se negó a realizarlo.

Según el expediente administrativo y el relato de Amnistía Internacional, el profesional de la salud no solo se negó a practicar el aborto, sino que impuso sus juicios personales, no derivó a la paciente a otro médico que pudiera garantizar la prestación y la desinformó deliberadamente para generarle miedo, por lo que, además, incumplió con sus deberes profesionales y legales.

Ante esta situación, Blanca tuvo que buscar asistencia en otro centro de salud, donde finalmente le realizaron la práctica. Posteriormente, con el acompañamiento de Amnistía, presentó un reclamo formal ante Defensa del Consumidor, lo que derivó en la sanción a la prepaga.

Una sanción sin precedentes

Defensa del Consumidor consideró que la prepaga es responsable de los actos de sus prestadores en el marco de la relación de consumo, incluso cuando la usuaria no sea afiliada directa de la empresa. En este caso, Blanca estaba afiliada a Dosuba, pero se atendió en la Clínica Santa Isabel, del Grupo Omint.

De acuerdo a lo informado por la organización, la multa se basa en distintas violaciones a la normativa vigente, entre ellas:

• Artículo 4° de la Ley 24.240: por no brindar información “cierta, clara y detallada” sobre los derechos de la usuaria.

• Artículo 19 de la misma ley: por incumplimiento del servicio, al negarse a realizar la IVE, una práctica incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

• Artículo 8 bis: por no garantizar un “trato digno y equitativo”, mostrando un comportamiento expulsivo y anteponiendo creencias personales a los derechos de la paciente.

• Ley 27.610 de IVE: por no derivar adecuadamente ni brindar atención dentro del plazo de 10 días establecido por la normativa.

En un comunicado, Amnistía Internacional destacó que el caso sienta un precedente clave tanto en el ámbito de los derechos reproductivos como en el de las relaciones de consumo en Argentina.

Y agregó que, desde la entrada en vigencia de la ley de aborto en 2021, recibió múltiples denuncias similares y recordó que las obras sociales y prepagas tienen la obligación legal de garantizar el acceso a la IVE sin demoras ni obstáculos.

Entre 2022 y 2024, Defensa del Consumidor recibió 474 reclamos relacionados con dificultades para acceder al aborto legal.

Desde la organización de derechos humanos remarcaron que la mujer afectada podría iniciar acciones judiciales por daños y perjuicios, en paralelo a esta causa.

Apelación y situación actual

La multa fue apelada por Omint, por lo que la decisión aún no está firme. Mientras tanto, la empresa, que no realizó comentarios sobre este caso, continuará con el trámite judicial ante la Cámara.

De acuerdo a los especialistas, el caso puede reavivar el debate sobre la objeción de conciencia institucional, una figura no contemplada por la Ley 27.610. Si bien los profesionales de la salud pueden abstenerse individualmente de realizar la práctica, las instituciones privadas no pueden alegar convicciones colectivas para negarla, y están obligadas a garantizar el acceso efectivo, mediante derivación u otro profesional.

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