Por: Richard Amaro Gómez

La ley de procedimiento tributario regula la figura jurídica del juicio de ejecución fiscal, cuyo objeto es el cobro judicial de deudas fiscales, incluyendo sus respectivas multas e intereses, a través de un proceso de apremio. Para iniciar esta vía, es suficiente que el Organismo Fiscal emita una boleta de deuda.

En este proceso acelerado, si el contribuyente no cancela la deuda al ser intimado, queda citado a remate y solo puede oponer excepciones muy limitadas dentro de los cinco días hábiles siguientes. Entre estas exceptuaciones, se encuentran el pago total documentado, la espera documentada, la prescripción, etc. Esta limitación se debe a que el juicio se basa en la presunción de legitimidad de los títulos de deuda, lo que restringe significativamente las defensas del contribuyente.

Además, no es posible oponer la excepción de pago si este se realiza después del inicio del juicio ejecutivo. Incluso, si se paga el tributo luego de iniciada la acción, corresponde abonar las costas, como los honorarios judiciales y los intereses punitorios desde la interposición de la demanda.

Asimismo, los letrados del Organismo Fiscal pueden solicitar medidas cautelares, como el embargo, siempre que exista la verosimilitud del derecho y un riesgo de demora. Estas medidas pueden ser diligenciadas dentro de las 48 horas de vencido el plazo para la interposición de las oposiciones previstas por la norma.

En este contexto, y al tratarse de una causa de apremio, la sentencia que se dicta después de la resolución de las defensas es inapelable, y se procede rápidamente a su ejecución.

Adicionalmente, se debe considerar que, al día de la fecha, la resolución 1066/2025 ha suspendido los juicios de ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector sanitario hasta el 31/12/2025. Por lo que el resto de los contribuyentes si no cancelan sus deudas tributarias corren el riesgo del juicio de ejecución fiscal.

Actualmente, la Argentina atraviesa un proceso de recesión económica con una inflación a la baja persistente en nuestro sistema económico, sumado a un contexto internacional desfavorable e inestable. Estas variables han provocado una contracción de la demanda y una retracción de la oferta, lo que ha generado un endeudamiento importante, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Si bien es cierto que en 2024 se tuvo paquete fiscal que estableció una amplia moratoria para regularizar deudas, la economía no se ha recuperado en un 100%. Por ello, es necesario señalar que las deudas del sector privado están creciendo, con el consecuente riesgo de que la ejecución fiscal pueda paralizar por completo la actividad económica de miles de actores en las diferentes industrias, sobre todo las PYMES.

Por otra parte, si bien existen planes de pago vigentes, en una situación donde los ingresos empresariales escasean y los gastos crecen, no siempre es posible afrontar dichos planes sin afectar el financiamiento del capital de trabajo a corto plazo.

Por lo tanto, se considera que hoy es necesario evaluar una medida que suspenda, al menos temporalmente, los juicios de ejecución fiscal, dada la coyuntura económica que enfrentan miles de empresas, especialmente las PYMES. Existe un riesgo real de que, al caer en cesación de pagos de deudas fiscales, se proceda a su ejecución en un juicio rápido, poniendo en riesgo la continuidad de la empresa misma.

La pregunta es qué sentido tiene cobrar de manera compulsiva una deuda fiscal judicialmente, a riesgo de destruir a la entidad empresarial como fuente de generación de riqueza y empleo para la economía. ¿No sería mejor suspender los juicios de ejecución fiscal para ciertos sectores hasta que la economía se recupere, permitiendo la recuperación a corto plazo de las empresas? Al hacerlo, estas compañías continuarán generando riqueza y, por ende, más impuestos. Recuerden que una empresa que ya no existe no puede seguir tributando ni generando recursos fiscales.

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