Recordemos que, en general, podemos decir que los créditos son aquellos derechos de naturaleza jurídica personal en los cuales un deudor le debe una determinada prestación a un acreedor, siendo el vínculo jurídico personal por cuánto los derechos y obligaciones se establecen entre personas jurídicas y/o físicas.

En este marco, podemos distinguir básicamente dos tipos de créditos: los denominados financieros y los comerciales. Al respecto, los créditos financieros se caracterizan porque el deudor debe un determinado capital más intereses a un acreedor. Son los típicos contratos de mutuo o de préstamos. Por otra parte, los créditos comerciales son aquellos en los cuales el deudor está adquiriendo un bien a cambio de pagar determinadas sumas de dinero. Por lo tanto, la sumatoria de lo que va pagando constituye un crédito que luego se imputará contra el valor del bien a recibir a futuro.

Asimismo, los créditos pueden ser:

en pesos,
en pesos con actualización o
en moneda extranjera siendo la divisa más común los dólares estadounidenses.

En esta línea de pensamiento, debemos recordar que en el Régimen de Regularización de Activos (RRA) cuando se trata de créditos, de cualquier de tipo o naturaleza, en el país la ley de paquete fiscal establece que la valuación debe hacerse al valor del capital con las actualizaciones que pudieran corresponder más los intereses devengados pendientes de cobro.Todo esto a la fecha de regularización que es el 31 de diciembre de 2023. Y en el caso de que el crédito este expresado en pesos se convertirá a dólares estadounidenses por el tipo de cambio de regularización de $1.000.

Ahora bien, un tema conflictivo que empezó a surgir es si realmente en todos los casos corresponde actualizar el capital del crédito a la fecha de la regularización cuando no está contemplado dicho parámetro en la relación jurídica contractual entre deudor y acreedor.Por lo que nos podríamos preguntar si un crédito en pesos sin actualización corresponde que su capital se actualice.

Lo indicado en razón de que la norma no ha sido clara en esta materia ya que se refiere a la actualización del capital que pudiera corresponder. ¿Es imperativo el deber de actualizar para estos casos? Hay supuestos en que la norma si fijo actualizaciones de manera clara y tajante, como sucede con otros tipos de activos ocultos como ocurre con los intangibles del país así como también para calcular el valor patrimonial proporcional en determinadas circunstancias. En estos supuestos la norma no sólo ha sido tajante a la hora de hablar de actualización, sino que incluso fijó el índice para poder hacer las actualizaciones.

Sin embargo, en materia de los créditos la redacción de la norma fue realmente difusa por lo que se abrieron dos líneas de pensamientos: los que consideran que los créditos deben actualizarse si es que no está previsto este mecanismo y los que sostienen que si en la relación jurídica contractual no está previsto la actualización del capital no corresponde hacerlo de manera ficticia ya que la norma no fue imperativa.

Claro está que si se tratara de un crédito en pesos con actualización al 31 de diciembre 2023 es necesario considerar el capital con las actualizaciones devengadas a esa fecha más los intereses devengados pendientes de cobro. Aquí aplica de manera clara el concepto de actualizaciones del capital que pudieran corresponder. Pero en el crédito en pesos no existe el concepto de capital actualizable ya que de la misma relación jurídica contractual no surgen tales actualizaciones del capital por lo que podríamos decir que no corresponde, en principio.

En esta línea, pensemos en el caso de los créditos comerciales tal ejemplo lo podemos ver con un sujeto que está pagando un inmueble que está en pozo o que está pagando las cuotas de un plan ahorro de un bien que al 31 de diciembre 2023 no lo tiene en su patrimonio, constituyendo cada una de las cuotas en un crédito. El problema que aparece aquí es que si suponemos que todo esto se fue pagando en pesos la sumatoria de todo lo pagado:¿tiene que tener una suerte de actualización? Lo cual nos vuelve a llevar al campo del capital con las actualizaciones que pudieran corresponder. ¿Ese fue el efecto buscado por la norma? Creemos al respecto que es un tema realmente debatible y discutible.

Las actualizaciones del capital en principio serían razonables en tanto y en cuanto el instrumento jurídico génesis del crédito prevea actualizaciones del capital y siempre que estemos hablando de créditos de naturaleza financiera, que son aquellos que al cierre se debe un capital más los intereses. Aquí existe la posibilidad de considerar el capital a la fecha de regularización con las actualizaciones que podrían corresponder por contrato. Sin embargo, no sucede lo mismo con el resto de los créditos y sobre todo con los de naturaleza comercial dónde aquí podemos decir que el crédito se refleja por la suma pagada al 31 de diciembre 2023, no siendo razonable darle una actualización ficticia a lo pagado ya que sería incrementar de manera irrisoria el valor de un crédito por un parámetro inflacionario que no tendría ningún sentido.

En este marco, en el ABC se le hizo una pregunta al fisco bastante particular dado que se trató de un contribuyente que al 31 de diciembre 2023, fecha de regularización, no tenía un inmueble pero sí tenía un crédito por las cuotas que iba pagando. En esa consulta el fisco se expidió en el sentido de considerar que ese crédito debería valuarse el 31 de diciembre 2023 por la suma de las cuotas pagadas sin hacer referencia alguna actualización del capital, lo cual resulta razonable.

En fin, no podemos perder de vista que la norma no fue redactada de un modo claro y que existen argumentos para sostener que no debe calcularse una actualización ficticia cuando la norma no lo establece de un modo tajante, más allá de los discutibles del tema.

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