La sala II de la Cámara Civil y Comercial de Morón condenó a un colegio privado a pagar una indemnización por daños no patrimoniales y una multa por daño punitivo a unexalumno por impedir su rematriculación sin brindarle explicaciones.

En el caso “L. F. A. y otro/a c/ Instituto Madre Sofía Bunges/ Daños y perjuicios extracontractual (Exc. Autom./Estado)”, una familia demandó a un colegio privado reclamando daños y perjuicios por no permitir la rematriculación de su hijo.

Los actores argumentaron que la institución les informó que no iban a renovar la matriculación de su hijo por lo que tuvieron que salir abuscar un nuevo colegio de un día para otro. Además, añadieron que la situaciónles fue comunicada por carta documento y que cuando pidieron una explicaciónpor el mismo medio, nunca obtuvieron respuesta.

El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo y la sentencia fue apelada por la demandada, quien argumentó que tomó la decisión en la libertad de contratación y en el derecho de admisión.

El fallo de Cámara

Los camaristas José Luis Gallo y Andrés Cunto explicaron que el caso se encuadraba en el ámbito de una pretensión resarcitoria derivada de la no matriculación de un niño en un establecimiento de educación privada al que concurría.

'No puede negarseque el derecho de admisión guarda una estrecha vinculación con los derechos constitucionales de enseñar y aprender. Más aún, generalmente, se presenta una fuerte tensión entre ambos, toda vez que la prerrogativa del educando o su familia de hacer efectivo el derecho de aprender, colisiona con la pretensión del establecimiento o institución de elegir a quien enseñar”, indicaron.

Y añadieron que si bien rechazaban la postura de quienes “niegan enfáticamente la posibilidad de reconocer una obligación de enseñar”, su aceptación “no puede ser genérica e indiferenciada de las particulares circunstancias del caso”.

En este contexto, diferenciaron el caso de quien se matriculaba por primera vez (acceso al contrato), del caso de la rematriculación donde existe una continuidad del servicio educativo, ya que la primera situación gira entorno al 'acceso' al contrato, en tanto que la segunda concierne a la continuidad del servicio educativo.

En tal sentido, explicaron que el “derecho de admisión” solo podría ejercerse “ante quien no se encuentra incorporado a la institución educativa”,por lo que consideraron razonable que el establecimiento deba motivar la decisión de extinguir el contrato, por ejemplo por el incumplimiento de una obligación del contrato como la falta de pago entre otros supuestos.

De esta manera, sostuvieron que el derecho de no rematricular reconocido a los institutos de enseñanza privada no puede 'ser ejercido por estos en forma caprichosa o arbitraria, sino cuando esa prerrogativa no importe discriminación o perjuicio ilegítimos', privándolo de amparo en tanto irregular o antifuncional, no comprende al supuesto del caso bajo análisis.

Los límites a la libertad de contratación

Además remarcaron que “nadie duda de la existencia de la libertad de contratar (art. 958 CCyCN), lo que,obviamente, incluye la libertad de no contratar” pero que la misma “no puede ser ejercida de manera abusiva” y si ello sucediera “se genera la obligación de resarcir (art. 10 CCyCN)”.

Por lo tanto, “los establecimientos educativos, que hubieran admitido a un alumno en el comienzo de un ciclo (o posteriormente), siempre pueden decidir, dentro de su órbita específica, no volver a admitirlo para el año siguiente. Pero esa inadmisión debe tener algún fundamento y no puede ser ejercida de manera arbitraria o irrazonable”.

Esta obligación de dar los motivos de la negativa de matricular o rematricular surge inclusive de la ley 14.798, que también establece formas, plazos y hasta sanciones,las cuales en el caso habían sido incumplidas, dado que la demandada por carta documento indicó que el menor no tendría vacante el año entrante y ante el requerimiento de razones no surgía del expediente que se hubieran brindado las mismas ni siquiera al contestarse la demanda tardiamente o al expresar agravios.

Si la negativa dematriculación genera algún daño, la no admisión podría ser cuestionada, pero la situación es diversa.

Si la institución informa algún motivo, habrá que analizar cuál es. Pero si no se lo da, para los magistrados, la omisión en si misma ya se vuelve antijurídica, a tenor de lo indicado en la normativa provincial mencionada, la cual se debe interpretar demanera más favorable a quien ha contratado el servicio educativo.

Daños resarcibles

Así, para los magistrados, la situación antijurídica es apta para generar un daño resarcible, en la medida en que se lo demuestre.

La antijuridicidad y la procedencia de un reclamo resarcitorio es independiente de la formulación, o no, de denuncias en sede administrativa, como se lo deja entrever en los agravios.

Es decir, si se acreditan los presupuestos de la responsabilidad civil, el reclamo procede, se hayan efectuado -o no- denuncias o planteos en sede administrativa y hubiera sido, o no, sancionada la escuela por las autoridades competentes.

De esta manera, sostuvieron que la decisión de no rematricular al niño ha sido antijurídica, al no aparecer provista de ningún motivo o anclaje argumental, sino efectuada de manera unilateral y sin sustento motivacional suficiente; seguida, luego, de la no contestación de la carta documento que los progenitores enviaron a la escuela.

El daño no patrimonial en el caso se acreditó con los testimonios de los testigos y las pericias, de donde surgía que la madre del niño que en ese momento estaba embarazada tuvo que salir a buscar un colegio para su hijo y tuvo amenaza de aborto por la situación, y por otro lado el menor presentó una crisis de llanto al no entender porque no podía continuar en su colegio, todo lo cual indicaba las molestias padecidas por la situación que acreditaban el daño.

Además, se confirmó la multa civil por daño punitivo de $1.000.000, porque colisionaba con el trato digno del art. 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y la demandada actuó con menosprecio de los derechos ajenos e incumplió con su deber de informar a los padres los motivos de la no rematriculación, en un caso en el que se involucraban menores de edad.

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