Por Silvina É. Coronello y Juan M. Sanz

Abogada - Especialista en Derecho Tributario y

Abogado - Magistrando en Derecho Tributario

En el marco de un juicio de ejecución fiscal por deuda de patentes, la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo lugar a un planteo de nulidad formulado por la parte demandada en relación con las notificaciones diligenciadas en el proceso.

La singularidad del caso reside en el hecho de que el Tribunal realizó un abordaje con perspectiva de género de la cuestión, teniendo en consideración el contexto de violencia doméstica en la que la demandada demostró que se encontraba inmersa.

I - EL CASO

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) promovió ejecución fiscal contra la Sra. R. L. S. por cobro de patentes adeudadas. Al ser intimada al pago de las sumas reclamadas y citada a oponer excepciones, la demandada mantuvo silencio, por lo que el Tribunal procedió a dictar sentencia de trance y remate y trabó embargo.

Fue luego del bloqueo de sus fondos en una billetera virtual que la ejecutada se presentó en el expediente con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la CABA e interpuso recurso de inconstitucionalidad. Allí planteó la nulidad de las notificaciones cursadas en el proceso y, en subsidio, opuso excepción de falta de legitimación pasiva por no encontrarse en posesión del vehículo, sobre el que recaía el gravamen, desde el año 2011.

En lo referido a la nulidad de las notificaciones, argumentó que, a raíz de diversos episodios de violencia de género sufridos por parte de su ex pareja, se vio obligada a abandonar en el mes de marzo del año 2011, junto a sus hijos menores de edad, el domicilio conyugal, sitio donde se cursaron oportunamente las cédulas de notificación cuestionadas.

Si bien reconoció aquel como su domicilio fiscal -el cual consta en el título ejecutivo con carácter constituido-, alegó que durante años evitó cambiarlo formalmente para impedir que su agresor la localizara, lo que le imposibilitó tomar conocimiento del litigio, siendo que -conforme expusiera- las cédulas fueron diligenciadas “a un domicilio real en el que habitaba la persona violenta, sobre la cual existe prohibición de acercamiento”. A partir del año 2022 tramitó su nuevo documento y cambió finalmente su domicilio.

A fin de respaldar estas argumentaciones, realizó un pormenorizado detalle de los múltiples hechos de violencia sufridos durante el transcurso de los años, aportando para ello las probanzas correspondientes. Surge de ello, que durante ese tiempo existió una medida de exclusión del hogar de su cónyuge y una restricción de acercamiento que resultaron infructuosas.

En lo concerniente al vehículo involucrado, explicó que en todo momento había permanecido en posesión de su ex marido hasta que, en el año 2015, y en el marco de una causa por lesiones culposas, se había ordenado su restitución sin que la medida se concretara. Recién en el año 2023, al denunciar la retención indebida del mismo, fue informada que el rodado había sido secuestrado luego de resultar destruido en un incidente vial.

Atento a la especial situación de violencia de género vinculada con la materia tributaria objeto del pleito, y en pos de esclarecer la verdad jurídica objetiva, el Tribunal ordenó -en carácter previo a todo otro trámite- dar intervención al Observatorio de Género en la Justicia de la CABA para que emitiera su opinión técnica sobre el caso.

El organismo abordó la cuestión desde dos ejes principales: la violencia económica y la violencia institucional que padecen las personas víctimas de violencia de género. Enfatizó, entre otros argumentos, que el impacto de la obligación de denunciar el cambio de domicilio contenida por el artículo 36 del Código Fiscal de la Ciudad -de apariencia neutral- redundó en un efecto discriminatorio, en perjuicio de una mujer víctima de violencia, lo cual constituyó, en última instancia, en un supuesto de revictimización hacia la ejecutada, contrariando la normativa nacional e internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres.

Precisamente, al reseñar las convenciones internacionales y normativas en la materia, el organismo destacó que la falta de efectividad de las medidas de protección que le fueron otorgadas a la demandada, sumado a los esfuerzos para sostener económicamente y hacerse cargo exclusivo de la crianza de sus hijos, derivó en la pérdida de su vivienda y de su vehículo, resultando en un evidente perjuicio económico a su persona.

Finalmente, concluyó que no evaluar el contexto fáctico a la hora de ordenar la ejecución constituye un supuesto de revictimización, máxime cuando “nos encontramos activando diferentes instancias públicas porque una oficina estatal no estaba al tanto de lo que múltiples oficinas públicas sí: que la Sra. S. no residía más en el domicilio familiar del que se tuvo que ir para frenar la violencia de la que era víctima y que no tenía posesión del vehículo sobre el que recae una deuda”.

¿Qué dijo el tribunal en los autos GCBA C/S., R. L. S/EJECUCIÓN FISCAL - RADICACIÓN DE VEHÍCULOS - JUZG. CONT. ADM. Y TRIB. N° 6 - CABA - 5/10/2023 - CITA DIGITAL IUSJU353017F?

Y además:

II - BREVE RESEÑA NORMATIVA

III - LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

IV - LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL

V - LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO GARANTÍA DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

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Un caso de violencia de género vinculada con materia tributaria