En el caso “U. C., J. C. y otros C/ B., M. G. S/Daños y Perjuicios”, los camaristas indicaron que el letrado deberá responder 'por la pérdida de la confianza y lealtad depositadas en él a raíz de avatares generados por su negligencia'.

De acuerdo al expediente, el profesional presentó como patrocinante, en dos procesos, escritos con la firma apócrifa de sus clientes. Las presentaciones habían sido trascendentes, pues implicaron el desistimiento de dos de los demandados en las causas en las que el letrado representó a los ahora actores.

Pese a que, posteriormente, en aquellos expedientes se declaró la nulidad de los escritos y se dio vista al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) para que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes, la sentencia de primera instancia rechazó, con costas, la demanda de daños y perjuicios por “no encontrar probada la configuración de daño alguno con relación causal con el incumplimiento del profesional”.

El fallo fue apelado por los actores vencidos. Adujeron que estaban probados los daños psíquicos, morales y el que ha afectado el proyecto de vida, así como la necesidad de realizar gastos y tratamiento psicológico.

Al analizar la causa, los camaristas Carlos Carranza Casares, Gastón Polo Olivera y Carlos Bellucci señalaron que en razón de la fecha en la que tuvieron lugar los hechos invocados como generadores de la deuda que se reclamaba, no correspondía la aplicación retroactiva del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Destacaron que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en octubre de 2014, le impuso una multa de $ 10.000 al profesional, al sostener que había actuado cuanto menos con absoluto desapego por el mínimo cuidado para dotar a los escritos de la seriedad que cabía atribuirles por estar refrendados por la firma de un letrado; y que si bien su rol no debía ser asimilado al de un fedatario, cuanto menos debía haber sido respetuoso y responsable en cuanto al rol que desempeñaba ante los estrados judiciales y procurado que sus clientes firmasen delante suyo, todo en aras de brindar mínimamente la seguridad jurídica de los procesos donde intervenía.

“La responsabilidad del abogado forma parte de la de los profesionales que, a su vez, constituye un capítulo dentro del vasto espectro de la responsabilidad civil en general; de allí que su configuración requiera la concurrencia de los mismos presupuestos que son comunes a todo evento dañoso, cualquiera sea su fuente: hecho ilícito o incumplimiento contractual (daño, nexo causal, factor de atribución e ilicitud”, explicaron los jueces.

“El letrado ha de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, teniendo en cuenta su especial condición profesional (arts. 512, 902 y 909 del Código Civil) y acatando no sólo las obligaciones emanadas del contrato que lo vinculan a su cliente, sino también las que surgen de la regulación de su profesión (la ley 23.187 y el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de Capital Federal; ver también el arts. 46 a 58 del Código Procesal)”, explicaron.

Y remarcaron que la propia Corte ha señalado que la misión del abogado patrocinante “no se restringe a la preparación de escritos, sino que debe asumir la plena dirección jurídica del proceso con el empleo de la diligencia requerida por las circunstancias para conducirlo de la mejor manera posible hasta su finalización”.

En este sentido, recordaron que constituye una responsabilidad profesional que las actuaciones judiciales sean efectivamente suscriptas por el cliente con independencia de quién haya sido el autor de las grafías y decidieron admitir parcialmente la demanda en relación al daño moral.

En este ítem, recordaron precedentes de la Corte Suprema en la que se señaló que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida”.

En el caso concreto, señalaron que la perita psicóloga, en cuanto a uno de los actores, señaló que “padece a partir del TEPT, relativo al hecho de la litis un Duelo Patológico Severo sin ideas de autoeliminación con 45% de incapacidad parcial y permanente, en base a un Trastorno depresivo mayor, episodio único, en estado grave, sin síntomas psicóticos”.

En cuanto al resto de los actores, señaló que también presentaban trastornos depresivos por la situación vivida. Así, recomendó para uno de ellos un tratamiento psicoterapéutico de dos años con dos sesiones semanales, para otro de dos años una vez por semana, y para el último también semanal durante un año y medio.

En lo atinente a la reparación del mencionado daño moral -prevista en los aplicables arts. 522 y 1078 del Código Civil y en el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación- señalaron que “está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración”.

“Por la pérdida de la confianza y lealtad depositadas en el profesional a raíz de avatares generados por su negligencia que van más allá de las vicisitudes que cabe esperar del vínculo contractual con sus clientes, propicio admitir esta partida por la suma de $ 50.000 para cada uno de los reclamantes”, sentenciaron al hacer lugar parcialmente a la apelación.

“No obsta a esta conclusión el hecho de que no se hubiera reconocido una reparación pecuniaria por incapacidad, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado reiteradamente que el daño moral no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un perjuicio accesorio a éste”, concluyeron.

Un abogado deberá indemnizar a tres clientes por haber falsificado sus firmas para presentar escritos