La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) dispuso que, en forma cautelar, Argentina se abstenga de tomar decisión alguna respecto a la concesión de dos autopistas que maneja el Grupo Concesionario Oeste (GCO).

La medida fue informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por la propia GCO, que había recurrido días atrás a la mencionada Corte Internacional junto a Autopistas del Sol (Ausol, ambas participadas por el grupo español Abertis) en contra de la decisión del Gobierno argentino de solicitar a los tribunales contencioso administrativos la nulidad de los contratos de concesión de dos autopistas.

Medida interina

Según la nota remitida por GCO, el tribunal internacional 'ha dictado una medida interina que hace saber al Poder Ejecutivo que debe abstenerse de solicitar o impulsar, por sí o a través de la Dirección Nacional de Vialidad o de cualquiera de sus órganos u organismos dependientes, cualquier acción o demanda de nulidad, o medida cautelar accesoria de dicha acción judicial ante los tribunales argentinos”.

La imposibilidad de avanzar por parte del Poder Ejecutivo, según la Corte internacional, comprende “el contrato de concesión, el acuerdo integral de renegociación contractual aprobado por el decreto 608/2018, su cláusula arbitral, o el decreto aprobatorio antes referido, debiendo en su caso formular sus pretensiones al respecto con arreglo a la cláusula arbitral del contrato de concesión”.

El capital accionarial de GCO está compuesto por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo Abertis, con 42,87 % de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10 %) y el fideicomiso Supervene I (5,73 %), mientras que el resto de las acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.

La medida ya fue notificada a las partes y se dispuso que rija hasta el próximo 5 de noviembre.

El origen del conflicto: los argumentos del Poder Ejecutivo

Tras un proceso de auditoría de dos años, el Poder Ejecutivo, a cargo de Alberto Fernández, anunció hace un mes su decisión de iniciar una acción judicial para solicitar la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas administradas por GCO y Ausol.

A su vez, pidió una cautelar para poder administrar las mismas de inmediato.

Alegó que, en el marco de las renegociaciones de dichos contratos, durante la administración de Mauricio Macri, se reconoció en 2018 'sin ninguna justificación' una deuda bruta a favor de las empresas por u$s 813,1 millones (540,2 millones de dólares en el caso de Ausol y 272,6 millones en el de GCO), que con los intereses ascendía a 1.161,3 millones de dólares.

También cuestionó que en esa oportunidad se 'dolarizaron' los contratos que antes estaban en pesos y se fijó un aumento del 8 % anual en las tarifas de los peajes, otorgando una 'rentabilidad extraordinaria' a las compañías.

Además, objetó que se hayan prorrogado de 'manera arbitraria' hasta 2030 las concesiones que iban a caducar en 2020. En ese sentido, señaló que, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces.

Es decir, el Poder Ejecutivo ya inició dos causas judiciales para anular los contratos de Ausol y GCO. Se tramitan en el fuero contencioso administrativo. El primer caso quedó en manos del juez Enrique Lavie Pico, mientras que el segundo expediente recayó en el juzgado de Pablo Cayssials.

Los argumentos de las empresas

Abertis, accionista mayoritaria de las dos concesiones, reaccionó recurriendo a una corte internacional.

Entre otros argumentos, señaló que la renegociación fue beneficiosa para el Estado (que ahorró cientos de millones de dólares de deuda reconocida) y que la mentada “dolarización” de tarifas de la que habla el Poder Ejecutivo no es tal.

En 2006, una unidad especial (Uniren) suscribió convenios con los concesionarios donde se les reconocía una deuda pendiente superior a la que después asumió la administración de Macri, aunque estaba en pesos. Eso creen en las autopistas, donde consideran que la renegociación de 2018 fue positiva para el Estado.

Según su página web, “la Corte Internacional de Arbitraje de ICC es la institución arbitral de mayor proyección internacional. Trabajando en estrecha colaboración con su secretaría, la Corte administra los arbitrajes ICC, garantizando el buen desarrollo de los casos y asegurándose de que los laudos arbitrales de la ICC sean susceptibles de ejecución. La Corte cuenta con más de 100 miembros procedentes de numerosos países y con equipos profesionales, jurídicos y culturales diversos”.

Cabe recordar que la Argentina tiene pendientes reclamos judiciales por USD 14.479 millones en diversas cortes internacionales. Así lo detalló el Gobierno en su última memoria presentada ante la comisión nacional de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés). La cifra representa un notable aumento respecto de los USD 10.239 informados un año atrás y de los USD 8.052 millones registrados en octubre del 2020. Y ahora sumará un caso más.

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