Introducción

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 77 dictó sentencia en el expediente “VASOLD VANESA SOLEDAD c/ MPV CONSTRUCCIONES S.R.L. y otros s/ despido”, abordando la existencia de una relación laboral no registrada dentro de un conjunto económico conformado por tres empresas y sus socios.

El fallo analiza la clandestinidad del vínculo, la responsabilidad solidaria de los codemandados y la Constitucionalidad de la Ley 27.742, recientemente modificada en el marco de la Reforma Laboral.

Hechos del caso

La actora manifestó haber prestado servicios desde el 1 de agosto de 2016 como supervisora de ventas para las empresas MPV CONSTRUCCIONES S.R.L., MI PRIMER VIVIENDA S.R.L. y EMECE COOPERATIVA DE CONSUMO VIVIENDA Y PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TURISMO, bajo las órdenes directas de los socios. El vínculo se mantuvo en la informalidad durante casi ocho años, sin registración ni percepción de beneficios legales. Ante la falta de regularización, la trabajadora se consideró despedida el 13 de junio de 2024.

Las empresas demandadas —MPV Construcciones S.R.L., Mi Primer Vivienda S.R.L. y EMECE Cooperativa de Consumo— negaron la existencia de relación laboral, alegando una vinculación comercial autónoma. Los socios codemandados también rechazaron su responsabilidad personal.

Reparación Integral del Daño

El Tribunal dictó sentencia reconociendo el derecho de la trabajadora a una reparación integral por los perjuicios derivados de la informalidad laboral, en aplicación de los artículos 1737, 1738, 1741 y 1749 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, consideró acreditada la existencia de una relación laboral encubierta, sostenida durante casi ocho años, en la que la actora prestó servicios personales bajo subordinación jurídica y económica, sin registración ni acceso a derechos laborales básicos.

En su análisis, el magistrado valoró no sólo el daño patrimonial generado por la omisión de registración y el incumplimiento de las obligaciones indemnizatorias, sino también el daño moral y la discriminación estructural sufrida por la trabajadora, quien fue excluida del sistema de seguridad social, privada de cobertura médica, impedida de acceder a crédito formal y desprovista de protección sindical.

La sentencia destacó que la clandestinidad del vínculo laboral constituye una forma de vulneración sistemática de derechos fundamentales, afectando la salud psicofísica, la autonomía personal y el proyecto de vida del trabajador.

En consecuencia, se ordenó el pago de una compensación adicional equivalente a 16 salarios mensuales —doce en concepto de daño material y cuatro por daño moral— reafirmando el principio de reparación plena frente a conductas empresariales que lesionan la dignidad humana y el orden público laboral.

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