La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) dictó recientemente dos decisiones de alto impacto en materia de derecho del trabajo y fiscalización administrativa, al resolver los recursos extraordinarios deducidos por Rappi Argentina SAS y Repartos Ya SA (PedidosYa) contra multas millonarias impuestas por el Ministerio de Trabajo provincial, tras inspecciones que detectaron infracciones a la normativa laboral y de seguridad social.

Ambos pronunciamientos abordan cuestiones clave para la actividad de plataformas digitales, como la calificación jurídica del vínculo con los repartidores, el alcance de la presunción de laboralidad (art. 23 LCT), las facultades de la autoridad administrativa del trabajo, y el control judicial en el marco del procedimiento sancionatorio laboral.

Hechos relevantes de los casos

En ambos expedientes, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires realizó inspecciones en la vía pública sobre repartidores que prestaban tareas a través de plataformas digitales, constató la falta de registración laboral, e intimó a las empresas a presentar documentación laboral.

Ante los incumplimientos constatados, se labraron actas de infracción y se aplicaron multas administrativas en el marco de la ley 10.149 y el Pacto Federal del Trabajo, por infracción a la LCT (arts. 22, 23, 52, 128 y 140), la Ley de Empleo, la Ley de Riesgos del Trabajo, normativa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y resoluciones del Ministerio de Trabajo provincial.

En ambos casos, las compañías apelaron las resoluciones administrativas ante los Tribunales de Trabajo de La Plata, que confirmaron las sanciones. Luego interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la SCBA.

El criterio de la Suprema Corte bonaerense

1) Potestad del Ministerio de Trabajo para calificar relaciones laborales

Uno de los ejes centrales de ambos fallos es la ratificación de la competencia del Ministerio de Trabajo para interpretar normas laborales, analizar los hechos relevados en inspecciones, calificar jurídicamente la existencia de una relación laboral, y aplicar sanciones administrativas; todo ello sin invadir funciones judiciales, dado que sus decisiones se encuentran sujetas a control judicial posterior.

2) Presunción de la relación de trabajo (art. 23 LCT)

La SCBA reafirmó que acreditada o reconocida la prestación de servicios por parte de los repartidores para la plataforma, opera la presunción de existencia de contrato de trabajo, recayendo sobre la empresa la carga de demostrar que la relación es de naturaleza autónoma o comercial.

En ambos casos, se valoró que las empresas ofrecieron prueba pero no la produjeron en sede administrativa, y no lograron desvirtuar las notas típicas del contrato de trabajo (dependencia, ajenidad, continuidad, etc.).

En el caso Rappi Argentina SAS, la Suprema Corte rechazó íntegramente los recursos, confirmó la existencia de relación laboral respecto de todos los repartidores relevados, y mantuvo la multa en su totalidad.

Accedé desde aquí al fallo: 'Ministerio de Trabajo contra Rappi Argentina S.A.S. Apelación de resolución administrativa'

En cambio, en el caso Repartos Ya SA (PedidosYa), se hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Cuál fue la razón?. Que respecto de 8 personas la empresa había negado toda vinculación (no solo laboral, sino incluso prestación de servicios). La Corte Suprema bonaerense entendió que, en estos supuestos, no correspondía aplicar la presunción del art. 23 LCT, y que la carga probatoria recaía en la autoridad administrativa, no en la firma. Por lo tanto, revocó la sentencia sólo respecto de esas 8 personas, y ordenó al tribunal de trabajo dictar un nuevo pronunciamiento limitado a ese punto.

Entrá acá al fallo: 'Repartos Ya S.A. Apelación de resolución administrativa'

Además, la SCBA validó el método de cálculo de las sanciones conforme al Pacto Federal del Trabajo, la utilización del salario mínimo vital y móvil como base, y descartó que las multas resulten confiscatorias o arbitrarias.

Conclusiones

Estos fallos consolidan una línea jurisprudencial firme en la provincia de Buenos Aires sobre los siguientes puntos:

Las plataformas digitales no están exentas del derecho laboral.
El Ministerio de Trabajo tiene facultades amplias para inspeccionar, calificar y sancionar.
La presunción de laboralidad se aplica con fuerza cuando la prestación de servicios no es negada.
La estrategia defensiva basada en contratos comerciales o figuras autónomas requiere prueba concreta y oportuna.
Negar la prestación misma (como en el caso de PedidosYa) introduce un matiz relevante, pero excepcional.

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