La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador alcanzaron un nuevo acuerdo salarial en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que establece una actualización de las remuneraciones mínimas para diversas actividades comprendidas en el Régimen de Trabajo Agrario.

El entendimiento contempla incrementos escalonados entre julio y octubre de 2026, con cronogramas específicos para algunas actividades, e incorpora sumas no remunerativas que disminuyen progresivamente a medida que avanzan las etapas del acuerdo.

Para el personal permanente de prestación continua, categoría testigo 'Peón General', el salario mínimo pasa a:

$1.114.473,79 en julio, con una suma no remunerativa de $30.000;
asciende a $1.165.074,32 en agosto, $1.203.186,58 en septiembre y
alcanza $1.235.833,53 desde octubre de 2026, manteniéndose vigente hasta junio de 2027, acompañado por montos extraordinarios decrecientes.

El mismo esquema de actualización se replica para otras actividades alcanzadas, como tractoristas y maquinistas, trabajadores porcinos, personal dedicado a la aplicación de productos fitosanitarios, la actividad del cáñamo, el riego presurizado y, con un cronograma diferenciado, la actividad olivícola y el personal de alambrado en Chubut y Santa Cruz.

Asimismo, se mantiene la bonificación por antigüedad prevista en el Régimen de Trabajo Agrario y el adicional del 20% para quienes prestan tareas en las provincias patagónicas alcanzadas por ese beneficio. A su vez, se establece una cuota de solidaridad del 2% sobre las remuneraciones básicas para los trabajadores no afiliados a UATRE, cuya retención estará a cargo de los empleadores.

Por último, aunque el convenio fija una vigencia que, según la actividad, se extiende hasta julio o agosto de 2027, las partes incluyeron una cláusula que habilita la reapertura de las negociaciones cuando cualquiera de ellas lo solicite, con el objetivo de evaluar el impacto de las variaciones económicas sobre las remuneraciones pactadas. El trato deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para adquirir plena eficacia general.

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