La Sala 'A' del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) resolvió, en la causa 'Sociedad de Bolsa Libra S.A. s/apelación', que se consideren prescriptas las facultades del organismo recaudador para aplicar multas por defraudación correspondientes a los períodos fiscales de enero a mayo de 2010.

La sentencia, dictada el 13 de mayo de 2026, pone el foco en un tema recurrente: los límites temporales que tiene el Estado para sancionar y la imposibilidad de aplicar normas de suspensión de manera retroactiva cuando estas perjudican al contribuyente.

La prescripción para aplicar multas comienza a correr el 1° de enero siguiente al año en que ocurrió la infracción. En este caso, para los períodos de 2010, el plazo de cinco años inició el 1 de enero de 2011 y, bajo condiciones normales, hubiera culminado el 31 de diciembre de 2015.

La mayoría del Tribunal, integrada por las doctoras Guzmán y Marmillon, sostuvo que las multas tributarias tienen una naturaleza sustancialmente punitiva, lo que exige aplicar los principios del Derecho Penal, incluyendo la prohibición de la aplicación retroactiva de leyes que agraven la situación del infractor.

El punto de mayor fricción jurídica fue la aplicación de la Ley 26.860, la cual disponía la suspensión por un año del curso de la prescripción para los tributos a cargo de la AFIP (actual ARCA). El Fisco Nacional pretendía utilizar esta norma, sancionada en 2013, para estirar el plazo de una falta cometida en 2010. Sin embargo, el voto mayoritario fue tajante, aplicar dicha suspensión de forma retroactiva es incompatible con las garantías constitucionales, ya que coloca al contribuyente en una situación más gravosa al extender el tiempo de persecución penal-tributaria. Si buscás profundizar en este concepto, te recomendamos nuestra nota sobre el principio de la ley penal más benigna.

Asimismo, el Tribunal desestimó el impacto de la denuncia penal efectuada por el organismo el 2 de junio de 2016. Si bien el artículo 65 de la Ley 11.683 prevé suspensiones por causas penales, las magistradas señalaron que, al momento de realizarse dicha denuncia, las facultades para multar ya se encontraban agotadas desde finales de 2015. Es importante notar la disidencia de Porporatto, quien consideró que la Ley 26.860 era de orden público y aplicable, lo que, según su criterio, habría extendido la potestad fiscal hasta febrero de 2022, validando así la multa impuesta en 2021.

Este fallo refuerza una doctrina esencial para la práctica profesional, la seguridad jurídica y el derecho de defensa no pueden ser vulnerados por leyes posteriores que intenten 'revivir' plazos ya vencidos. La resolución del TFN no solo deja sin efecto una sanción por falta de oportunidad temporal, sino que también impone las costas al Fisco Nacional, recordando que el paso del tiempo es un límite infranqueable para la potestad punitiva del Estado.

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