La sala I del Tribunal de Casación bonaerense hizo lugar a un pedido de habeas corpus colectivo para evitar la persecución y detención de personas en la vía pública con tenencia de drogas para consumo personal.

La medida fue presentada por la Agrupación Marplatense de Cannabicultores (AMC) con el objetivo de frenar las requisas y posteriores detenciones de consumidores de cualquier sustancia considerada droga ilegal, como marihuana, éxtasis, cocaína, ácido lisérgico, etc.

La solicitud

La solicitante consideró que los procedimientos practicados sin orden judicial previa ni motivos suficientes y urgencia que las justifique, llevados a cabo en la vía pública por la Policía Local y de la Provincia Buenos Aires eran 'irregulares' por, entre otras cuestiones, estar 'motivados en criterios discriminatorios negativos (la apariencia o aspecto físico y la forma de vestir)'.

En ese aspecto, sostuvo que aquellos 'constituyen una zona de ‘no derecho' y crean un riesgo cierto de conductas abusivas más graves'.

Entre las pruebas que presentó se encontraban informes oficiales 'donde se constata que el 40,19% de las investigaciones fueron por tenencia para consumo personal; señalando su desajuste con la jurisprudencia de la CSJN en los casos “Bazterrica” (1986) y “Arriola” (2009).'

El camino hasta Casación

El juzgado 4 de Garantías de Mar del Plata hizo lugar al recurso y exigió que la policía Bonaerense y demás fuerzas de seguridad cumplieran con el instructivo elaborado en 2015 por el Ministerio Publico Fiscal, por lo que ordenó que 'se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuarios de sustancias estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros'.

Además, declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo de la ley 13.482 bonaerense que habilita a la policía a detener personas para averiguación de identidad ya que la identificación se puede realizar por medios informáticos.

La Fiscalía de Estado provincial apeló y la sala III de la Cámara de Apelaciones marplatense revocó el fallo, bajo el argumento de que no estaban identificadas las personas que serían beneficiadas con el habeas corpus.

La AMC cuestionó la decisión y el caso fue analizado por la sala I del Tribunal de Casación bonaerense.

El fallo de Casación

Tras analizar distintos informes, los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana remarcaron que “las detenciones a consumidores de drogas representan el centro de la estrategia contra el narcotráfico. Según los datos oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, entre 2015 y 2018, entre un cuarto y un tercio de las causas iniciadas por delitos de droga refiere a casos de tenencia para consumo'.

'En el 2019 el 39.43% de las causas iniciadas en la provincia fueron por tenencia para consumo y en el 2020, con circulación restringida, el porcentaje es de un 24.6%”, agregaron.

En ese punto, resaltaron que el Estado debe garantizar las libertades y derechos de todos los habitantes, pero también que las fuerzas de seguridad actúen dentro de las normas legales que regulan su actuación.

'El caso en análisis, de tenencia de estupefacientes para consumo personal, se trata de una acción privada externa, cuando no interna, que debe ser tutelado por el precepto (...) por lo que se imponen límites a la actividad legislativa consistente en exigir que no se prohiba una conducta que se desarrolle dentro de la esfera privada, las conductas del hombre que se dirijan sólo contra sí mismo, quedan fuera del ámbito de las prohibiciones', explicaron.

Control judicial

'Si bien el diseño y la aplicación de políticas públicas en seguridad es materia reservada a la esfera del Poder Ejecutivo, las mismas puedan ser controladas -a pedido de parte interesada- por el Poder Judicial', enfatizaron los magistrados.

Y concluyeron que 'no se ha demostrado que la conducta sancionada tenga consecuencias negativas concretas para el bienestar y la seguridad general ni que el castigo sea un remedio eficiente para resolver el verdadero flagelo existente en torno a la drogadicción”.

De esta manera, hicieron lugar a la apelación y concedieron el hábeas corpus colectivo.

Restricción de la libertad personal

En el artículo “A 10 años del fallo Arriola”, publicado en Temas de Derecho Penal y Procesal Penal de Erreius, Carolina Vanella remarcó que “está claro que la restricción de la libertad personal no contribuye a combatir bandas narcotraficantes”.

“Tampoco la tenencia de droga para el propio consumo es indicativa, en sí misma, de que se ofendió la moral pública o que se ofendieron derechos de terceros. Por lo que prácticamente no habría razones suficientes para seguir castigando penalmente este comportamiento”, agregó.

Luego explicó que, en el fallo de la Corte Suprema, se dejó en claro que “la tenencia de estupefacientes en sí misma no puede ser objetable desde el derecho penal” ya que “se trata de una acción privada y protegida por el principio de reserva cuando tenga lugar en un ámbito íntimo, cuando no se trate de un acto exhibicionista y cuando la sustancia hallada en poder del consumidor sea escasa”.

Y que la sentencia remarcó que “la mera indicación de que se protege la moral, la salud y el orden público no alcanza para convalidar la constitucionalidad del castigo a una manifestación de la personalidad”.

Tenencia de drogas para consumo personal: Admiten hábeas corpus contra detenciones en la vía pública