El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 del Departamento Judicial de San Nicolás, en los autos “Scarafiocca, Marcelo Luis c/ Telecom Argentina S.A. s/ daños y perjuicios por incumplimiento contractual”, sentenció a Telecom SA a pagar una suma en concepto de daño moral, junto con una sanción punitiva valuada en una canasta básica total para el hogar tipo 3.

Antecedentes

El caso se originó el pasado 4 de marzo de 2011, con la solicitud del actor a la compañía para la instalación de una línea telefónica y un servicio de internet en su domicilio. El demandante alegó que abonó en dos oportunidades el cargo de instalación exigido por la entidad y que realizó varios reclamos telefónicos y administrativos, sin obtener respuesta efectiva.

Finalmente el denunciante obtuvo su servicio instalado el 20 de enero de 2012, 322 días después de su reclamo. Aunque durante este proceso, el hombre afectado llevó a cabo reiterados reclamos a Telecom - siendo esta sancionada por incumplir los plazos reglamentarios de instalación y por no responder en oportunamente a los requerimientos - y a la Comisión Nacional de Comunicaciones.

¿Qué dijo la jueza?

María Eugenia Sormani expuso que en esta relación de consumo, alcanzada por las disposiciones de la Ley 24.240 y por el art. 42 de la Constitución Nacional, la compañía no pudo demostrar causas técnicas, fortuitas o de fuerza mayor que justificaran la demora. Asimismo, la magistrada expresó que la firma no avisó al usuario de manera clara y suficiente sobre las razones del incumplimiento, constatando así una conducta pasiva, con respuestas tardías o inexistentes, tanto frente al consumidor como al organismo de control.

El plazo de 322 días sobrepasó el límite de 90 días previsto en la normativa vigente para la instalación del servicio básico telefónico, algo que la jueza consideró como una vulneración del deber de información y cumplimiento en tiempo oportuno impuestos por la legislación consumeril.

Compensación económica

La sentencia insta a Telecom SA a retribuir al actor una suma en concepto de daño moral, junto con una sanción punitiva valuada en una canasta básica total para el hogar tipo 3, conforme los índices oficiales vigentes, más intereses y costas.

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