A través del Decreto 465/2024, publicado hoy martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional puso en marcha un “Período de Transición” a los fines de implementar un nuevo régimen tarifario, con el objetivo de reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas.

La medida se extenderá por seis meses y podrá ser ampliada por única vez. El objetivo es cambiar el actual esquema de subsidios generalizados y crear otro de subsidios focalizados para propiciar el establecimiento de la Canasta Básica Energética (CBE), en el que la Secretaría de Energía tendrá amplias facultades para aplicar cambios en las boletas que pagan los usuarios.

Este período de transición tendrá lugar entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2024, con la posibilidad de extenderla por seis meses adicionales.

De esta manera, la Secretaría de Energía, en su carácter de Autoridad de Aplicación, avanzará con la reducción de los subsidios para los hogares Nivel 2 (N2, ingresos bajos) y Nivel 3 (N3, ingresos medios), con el fin de “trasladar progresivamente a los usuarios los costos reales de la energía y promover la eficiencia energética, a la vez que se asegure a los usuarios residenciales el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica y gas”.

Durante el período de transición, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía tendrá varias facultades específicas para asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema de subsidios focalizados.

Facultades de la Secretaría de Energía

Según el decreto, la Secretaría de Energía tendrá las siguientes facultades tendientes a establecer los nuevos cuadros tarifarios:

Establecimiento de topes de consumo subsidiados: podrá determinar los volúmenes máximos de consumo subsidiable para todas las categorías y segmentos residenciales de electricidad y gas, así como considerar el criterio de consumo indispensable, la zona bioambiental y la época del año para fijar estos topes.

También podrá extender, en una primera etapa, los límites de consumo que ya rigen para los usuarios del Nivel 3 a los usuarios del Nivel 2.

Aplicación de descuentos en tarifas: podrá fijar descuentos sobre el componente de energía que se traslada a las tarifas finales para los usuarios de las categorías Nivel 2 y Nivel 3 y establecer el nivel de descuentos o bonificaciones que recibirán los beneficiarios por los volúmenes consumidos dentro de los máximos definidos.

Facturación de excesos de consumo: podrá disponer que los consumos en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonados a precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica y mantener escalas graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2.

Revisión periódica: podrá revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar y los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente de energía y evaluar la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.

Modificación de segmentación y categorización: podrá modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales incorporados en el RASE, revisar los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos y considerar la posibilidad de unificar las categorías para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.

Calibración del régimen de subsidios focalizados: podrá calibrar las variables necesarias para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE) y realizar pruebas y verificaciones pertinentes durante el período de transición.

Reempadronamiento de usuarios: la autoridad de aplicación invitará a los usuarios residenciales a reempadronarse en el RASE y, en ese contexto, podrá realizar cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales para actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar errores de inclusión y exclusión.

Compensación a distribuidoras: la Secretaría de Energía determinará los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del período de transición.

Por otro lado, el Decreto habilita a la Secretaría de Energía a dictar todos los actos necesarios para la implementación de lo dispuesto. En ese sentido, deberá observar los criterios de transparencia, equidad, proporcionalidad, previsibilidad y gradualidad; dictar normas aclaratorias y complementarias necesarias para la reestructuración del régimen de subsidios y definir los mecanismos específicos para la asignación y efectiva percepción de los subsidios por parte de los usuarios.

Además, podrá “delegar en sus dependencias inferiores, hasta el nivel de Subsecretaría, el ejercicio de estas facultades para asegurar una implementación eficaz y ordenada del nuevo régimen de subsidios”.

¿Qué sucederá con la información suministrada?

Toda la información proporcionada al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) durante el Período de Transición será integrada al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), en su carácter de coordinador de intercambio de información, dando cumplimiento a las previsiones existentes en materia de protección de datos personales y sensibles, conforme lo establece la Ley de Protección de los Datos Personales (ley 25.326).

La Secretaría mencionada establecerá los medios y procedimientos para que los usuarios interesados puedan solicitar su reempadronamiento, actualización de la información brindada, o reclamar por su condición en relación con los subsidios a la energía de una manera ágil, expedita y gratuita.

Régimen para entidades de bien público

Durante la vigencia del Período de Transición, la Autoridad de Aplicación deberá considerar, además, la existencia de otros regímenes de beneficios y/o subsidios a la energía vigentes, a fin de recomendar o proceder a su adecuación, eliminación y/o reemplazo.

En particular, deberá proveer un mecanismo para establecer los beneficios que correspondan a las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, en los términos de la Ley sobre Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público 27.218 y la Ley sobre Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo 27.098.

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