Por: Juan F. Gouvert

Abogado y mediador. Especialista en Derecho Penal de la UBA

I - INTRODUCCIÓN

Varias consultas de colegas y la propia praxis como abogado y mediador de hace varios años precipitan nuevamente al abordaje de dos temas ya cavilados, la mediación y la prescripción de la acción, en este caso, civil. Ambos vectores se entrelazan en la suspensión de la prescripción por mediación regulada en el nuevo digesto civil y comercial.

El 1º de agosto del 2015 empezó a regir el nuevo Código Civil comercial de la Nación que receptó en forma expresa y específica en el art. 2542 la suspensión de la prescripción por mediación ordeno y a prevalecer por su carácter de ley fondal, posterior, especial y que regula materia no delegadas a las provincias (art. 75 inc. 12 CN) sobre multiplicidad de leyes provinciales sobre mediación que preveían diferentes disposiciones sobre la materia para cada jurisdicción.

Veamos pues, yendo de lo general a particular, el funcionamiento y particularidades del art. 2542 del CCyCN y sus trascendentales efectos sobre la subsistencia de la acción.

II - LA PRESCRIPCIÓN

II.1 - Concepto

La CSJN dejó dicho en términos generales que “la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos”. Así la prescripción es el medio por el cual el transcurso del tiempo opera la modificación substancial de un derecho en razón de la inacción de su titular, quien pierde la facultad de exigirlo compulsivamente.

La prescripción requiere, tanto la inacción del titular, como del transcurso del tiempo y es inseparable de la acción, comienza desde que esta existe, por lo cual se puede afirmar que el curso de la prescripción se inicia desde que el crédito es exigible. A la inversa, la prescripción no corre mientras no existe una posibilidad actual de ejercitar una acción, cuando esta todavía no ha nacido: “actio non nata non praescribitur”.

El Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante CCyC- no la define. Empero la noción generalizada del instituto es clara y sus efectos pueden ser regulados sin generar dificultades; de modo que para dejar precisada su noción, recurriendo a la conceptualización que nos daba el Código de Vélez en el artículo 3947, la definía diciendo que “es un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo”; para en el art. 3949 decirnos que la prescripción liberatoria es “una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere”.

Al tratar las relaciones entre acreedores y deudores, se trata de asuntos cuya regulación corresponde al Congreso de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Ahora bien, es verdad que la competencia del Congreso Nacional para dictar las normas de derecho común no implica negar a las provincias el ejercicio del poder de policía en su ámbito; sin embargo, el ejercicio de tal poder no puede justificar una afectación sustancial del derecho definido por el Congreso Nacional.

II.2 -Elementos, caracteres, reglas y plazos

Los elementos que deben encontrarse presentes en la prescripción liberatoria son los siguientes: 1) existencia de un derecho susceptible de ser perdido; 2) trascurso del tiempo que prevé la ley; 3) inacción del titular de dicho derecho no obstante la posibilidad cierta del titular de haber actuado en salvaguarda del derecho mencionado.

En tanto sus caracteres ostenta que es una Institución de orden público.

Además, tiene origen legal: es la ley la que establece el plazo de prescripción, no siendo facultad de las partes ampliarlos o abreviarlos. Tiene carácter imperativo, no puede ser renunciada anticipadamente (art. 2533 CCyC). Además, opera en favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario (art. 2534).

Los acreedores y cualquier interesado pueden oponerla, aunque el obligado o propietario no la invoque o la renuncie (art. 2534 CCyC) y no puede ser declarada de oficio (art. 2552 CCyC). El trascurso del plazo de prescripción comienza ―el día en que la prestación es exigible (art. 2554 CCyC). Ergo, no corre mientras no puede ejercerse la acción correspondiente.

Finalmente es de interpretación restrictiva, en caso de duda debe estarse a la subsistencia de la acción.

II.3 - Concepto y sus diferencias con la caducidad

En la caducidad se pierde un derecho potestativo dejado de usar dentro de un período de tiempo establecido por la ley, o en determinados supuestos, por las partes.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no estaba descripta de modo particularizado en el Código de Vélez, por lo que sus perfiles diferenciales con la prescripción, fueron precisados por la doctrina y la jurisprudencia analizando aquellos plazos que podían considerarse de caducidad y determinando sus consecuencias. El CCyC la reguló expresamente diferenciándola de la prescripción en siete artículos del 2566 al 2573.

Así la prescripción importa la extinción de la acción, quedando subsistente el derecho, aunque sustentado solo en una obligación -moral o de conciencia-, a las que refiere el art. 728 del CCyC, en tanto que la caducidad implica la pérdida de un derecho potestativo (art. 2566 CCyC).

El plazo de prescripción es en todos los casos por ley, en tanto que el plazo de caducidad puede ser fijado por voluntad de los particulares; ello, siempre y cuando, el mismo no sea fijado de manera que haga excesivamente difícil su cumplimiento o que sea establecido en fraude a las disposiciones en materia de prescripción (art. 2568 CCyC).

Los plazos de prescripción admiten causales de suspensión, interrupción y dispensa (arts. 2539 y ss. y 2544 y ss. y 2550 CCyC). Los de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, salvo disposición legal en contrario, conforme el art. 2567 CCyC.

Mientras la prescripción ganada es por regla general renunciable (artículo 2535 CCyC), en cambio, la caducidad no puede ser renunciada, ni alterada sus normas legales por los particulares en materias sustraídas a su disponibilidad (artículo 2571 CCyC).

Los plazos de caducidad son, por lo general, más breves que los de prescripción, ya que la finalidad perseguida por el plazo de caducidad, es que una situación determinada alcance cuanto antes estabilidad jurídica, despejando rápidamente toda incertidumbre en cuanto al negocio jurídico.

La prescripción no puede ser declarada de oficio (art. 2552 CCyC), y en cuanto a la oportunidad procesal para oponerla, la prescripción debe interponerse dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento, y en los procesos de ejecución debe interponerse dentro del plazo para oponer excepciones (art. 2553 CCyC). En cambio, la caducidad, cuando viene dispuesta por ley, debe ser declarada de oficio (art. 2572 CCyC).

Finalmente, afecta a toda clase de derechos, requiriendo de una norma excepcional y expresa que torne imprescriptible la acción de un derecho determinado. La caducidad no es una institución especial, que afecta particularmente a ciertos derechos a los cuales la ley fija expresamente un plazo de caducidad para su ejercicio.

Y además:

III - SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN GENERAL Y POR MEDIACIÓN
IV - SUSPENSIÓN POR PEDIDO DE MEDIACIÓN
V - A MODO DE CONCLUSIÓN

El artículo fue publicado en 'Temas de Derecho Procesal' de Erreius, material excluivo para suscriptores.

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