El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n. 1 de Morón, Marcelo Gradin, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el presidente del Colegio de Abogados de Morón y ordenó al Estado Nacional la suspensión inmediata de los artículos 2° y 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023.

El magistrado consideró que “la más amplia desregulación de los servicios prevista por los arts. 2 y 3 del D.N.U. 70/2023 (dentro de las cuales se encuentra el ejercicio de profesión de abogados), significaría la concesión al Poder Ejecutivo Nacional de facultades para dictar nuevos decretos que desregulen el ejercicio de la profesión de abogado, liberando la matricula, suprimiendo el régimen disciplinario y eliminando los Colegios Departamentales de Abogados, modificando o derogando las normas arancelarias de orden público, entre otras cuestiones dentro de las que se encontraría la derogación de la ley 5177 (ejercicio de la profesión de abogados), avanzándose de esta manera sobre una facultad no delegada a la Nación“.

Contra la desregulación de las profesiones

En el caso “Colegio de Abogados del Departamento Judicial Morón c/ Estado Nacional – Gobierno Federal – Poder Ejecutivo Nacional”, el actor interpuso una acción de amparo por considerar que se afectaban derechos protegidos por normas nacionales y provinciales.

En concreto, entendió que “el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, y en particular sus arts. 2 y 3, violentan lo estipulado en los arts. 75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional, arts. 1 y 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el art. 1 y ccdtes. de la ley 5177, afectando facultades de la Provincia no delegadas a la Nación”.

En ese contexto, requirió el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos que generaban los mencionados artículos 2 y 3 del DNU 70/2023. También pidió que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación abstenerse de su aplicación y que arbitre los medios necesarios a los efectos de restaurar el estado de cosas anterior a la aplicación del decreto impugnado.

Qué dicen los artículos cuestionados

Los artículos 2 y 3 del DNU 70/2023 dicen lo siguiente:

Artículo 2°: “DESREGULACIÓN. El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda. La reglamentación determinará los plazos e instrumentos a través de los cuales se hará efectiva la desregulación dispuesta en el párrafo anterior”.

Artículo 3°: “INSERCIÓN EN EL MUNDO. Las autoridades argentinas, en el ámbito de sus competencias, promoverán una mayor inserción de la República Argentina en el comercio mundial. Con ese fin y de conformidad con la política de desregulación promovida en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo de la Nación elaborará y/o dictará todas las normas necesarias para adoptar estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, procurando armonizar el régimen interno, hasta donde sea posible, con los demás países del Mercosur u otras organizaciones internacionales. En particular, se deberá procurar cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se invita a las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas necesarias o convenientes para el cumplimiento de esos fines”.

La resolución judicial

Para el magistrado, “el dictado de los arts. 2 y 3 del DNU 70/2023 compromete en principio el orden jurídico constitucional señalado, dado de que la desregulación amplia de los servicios, como ser el servicio profesional de la abogacía, colisiona con las previsiones del art. 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el cual garantiza la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales”.

En ese sentido, entendió que la habilitación al Poder Ejecutivo Nacional a realizar “la más amplia desregulación de los servicios' dentro de las cuales se encuentra el ejercicio de profesión de abogados, significaría “la concesión de facultades para dictar nuevos decretos que desregulen el ejercicio de la profesión de abogado, liberando la matricula, suprimiendo el régimen disciplinario y eliminando los Colegios Departamentales de Abogados, modificando o derogando las normas arancelarias de orden público, entre otras cuestiones”.

Luego recordó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se ratificó que “las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal'; que “el gobierno federal no puede impedir o estorbar a las provincias el ejercicio de los poderes que no han delegado o se han reservado'; y que “el poder de policía de las provincias es irrenunciable y su pretendida delegación es extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo o de las legislaturas provinciales. Los poderes no delegados o reservados por las provincias no puedes ser transferidos al gobierno de la Nación, mientras no lo sean por la voluntad de las provincias expresada en congreso general constituyente”.

Además, el juez tuvo especialmente en cuenta que lo expuesto “impone la obligación de no obviar el daño temido que se esgrime para que no se transforme en daño efectivo (periculum in mora) ya que basta para su configuración la sola posibilidad de que ello ocurra con el álea de sufrir el perjuicio, por lo que, bajo el haz de las disposiciones en juego entiendo que se encuentran abonados los parámetros mínimos del peligro en la demora”.

Así, dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

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