En un reciente fallo caratulado 'Benassi, Mariano y Otros s/ Medida Precautoria”, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial reafirmó el rechazo de una medida de intervención judicial solicitada por los socios de una SRL.

El conflicto se originó tras el fallecimiento de uno de los socios gerentes, situación que, según los accionantes, derivó en una parálisis operativa y administrativa de la sociedad ante organismos como la AFIP (ahora ARCA) y entidades bancarias.

Sin embargo, la justicia priorizó el criterio restrictivo de la intervención societaria, instando a los administradores supérstites a agotar los recursos previstos en el contrato social.

Acefalía y bloqueo operativo

Los actores apelaron la resolución de primera instancia que desestimó la intervención de la SRL. Argumentaron que la administración era conjunta entre el socio fallecido (socio mayoritario) y el Sr. Benassi.

Tras el deceso, la baja del CUIT del causante impidió a la sociedad realizar gestiones como la emisión y pago de cargas sociales e impuestos mensuales, operaciones bancarias y acceso a cuentas de la entidad y dificultad para iniciar la sucesión por falta de legitimación reconocida por el juez civil, impidiendo citar a herederos formalmente.

La primacía del Estatuto y la Ley de Sociedades

Tanto el juez de grado como la Cámara sostuvieron que la muerte de un integrante de la administración conjunta no impide que el gerente supérstite continúe con la gestión necesaria para preservar el ente.

El fallo destaca puntos clave de la normativa societaria:

Convocatoria a Reunión de Socios: el gerente sobreviviente tiene la facultad y obligación de convocar a los socios (incluidos los herederos) para designar nuevas autoridades.
Mayorías necesarias: el tribunal aclaró que para la designación de gerentes basta la mayoría del capital presente, salvo disposición contraria del estatuto, por lo que la supuesta falta de mayorías no era un obstáculo insalvable.
Inoficiosidad de la medida: se señaló que un interventor judicial no tendría derecho a voto, por lo que su designación sería inútil si el objetivo final es la modificación del estatuto social.

Requisitos incumplidos para la Intervención Judicial

La Cámara recordó que la intervención es una medida de gravedad extrema que debe aplicarse con criterio restrictivo (Art. 114 LGS). En este caso, los peticionantes fallaron en acreditar:

Peligro en la demora: el fallecimiento ocurrió en abril de 2024, habiendo transcurrido más de un año sin que se demostrara una urgencia que no pudiera ser subsanada por vías ordinarias.
Acción de remoción: no se promovió la acción de fondo requerida por la ley para habilitar la cautelar.
Agotamiento de recursos sociales: no se demostró la imposibilidad real de autogestión societaria antes de recurrir al auxilio judicial.

Acefalía y bloqueo operativo

La primacía del Estatuto y la Ley de Sociedades

Requisitos incumplidos para la Intervención Judicial

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