La Sala F de la Cámara Nacional Comercial, en los autos “Steelrose Capital BV le pide la quiebra Cholakian, Mariano Daniel”, dejó sin efecto la providencia que denegó la solicitud del actor para notificar bajo su responsabilidad la citación en un pedido de quiebra y le ordenó cursar un exhorto diplomático, estimando pertinente en la especie librar cédula al domicilio real del director y representante legal de la presunta deudora, toda vez que no surge que la empresa se encuentre inscripta en Argentina y no se puede dificultar la acción de acreedores locales.

Antecedentes del Caso

La Jueza de grado desestimó el planteo del peticionante de la quiebra, tendiente a que se notificara bajo su responsabilidad a la sociedad en el domicilio sito en la Ciudad de Buenos Aires y determinó que debía emplazare a la presunta deudora en el domicilio extranjero.

El peticionante apeló la resolución bajo la premisa que la sociedad cuenta con actividad permanente en el país, conforme la propia manifestación de la fallida en sede judicial y que el domicilio denunciado en el pedido es el que su representante constituyó en el incidente de revisión que dio origen al crédito que se reclama.

En ese marco, el peticionante manifiesta que la sociedad debió inscribiré en la Inspección General de Justicia y que dicha omisión, con la aplicación del art. 150 del CCyCo y del articulo 124 de la Ley General de Sociedades tiene como consecuencia que a la presunta fallida se la trate como una “sociedad irregular”, agregando que “…el domicilio de esta sociedad irregular, para el caso que nos ocupa, no corresponde que sea considerado el que surge de la documentación de su constitución sino que se obtiene de los actos que realiza en nuestro país, entre ellos el domicilio que constituyó judicialmente, y siendo la presente una petición falencial que surge a partir de un crédito de origen judicial, se entiende dable que la citación se realice en el único domicilio social que consta en documentación legal …. en Argentina”.

En el dictamen del Ministerio Público Fiscal, la doctora Boquín señaló que nuestro ordenamiento privilegia la adecuada protección del derecho de defensa y, en caso de encontrarse controvertida la notificación del traslado de la demanda, debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de raíz constitucional, por lo que en este estado del proceso, correspondería librar cédula al domicilio real del, director y representante legal de la presunta deudora.

Decisión de la Cámara Comercial

La Cámara Comercial, tras analizar los argumentos de las partes y el dictamen del Ministerio Público Fiscal, resolvió revocar la providencia de primera instancia.

El tribunal consideró que, si bien la notificación del emplazamiento previsto por el art. 84 LCQ es crucial, en este caso, el exhorto diplomático ordenado era de imposible cumplimiento, lo que colocaba al peticionante en un estado de indefensión.

En este sentido, la Cámara destacó que el art. 122 LGS permite notificar a una sociedad constituida en el extranjero en la persona de su representante cuando tiene 'sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación' en la República Argentina.

A pesar de que la deudora no se encontraba inscripta en Argentina, el juzgado sostuvo que esta circunstancia no impide la viabilidad de la notificación en la forma prevista por la LGS, para evitar dificultar la acción de los acreedores locales.

Finalmente, la justicia determinó que, en el caso concreto, correspondía librar cédula al domicilio real del director y representante legal de la presunta deudora, priorizando la efectividad de la notificación y el derecho de acceso a la justicia del acreedor.

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