I - Introducción

En materia de transformación de empresas del estado en SA del DNU 70/2023 (BO 21/12/2023) modifica el inc. 3) del art. 299 de la LGS en los siguientes términos:

“Sean de participación estatal, ya sea por la participación del Estado Nacional, los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y/o los organismos estatales legalmente autorizados al efecto”.

Es decir, se incluyen en la fiscalización estatal permanente a las SA en las que tengan participación el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y los organismos estatales.

Esto en amplia relación al art 48 del DNU, que nos dice:

“Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en sociedades anónimas”.

Asimismo, “las sociedades anónimas transformadas estarán sujetas, a todos los efectos, a las prescripciones de la ley general de sociedades y sus modificatorias en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna”.

Y, finalmente en lo que nos interesa, el art. 51 del DNU establece un plazo de 180 días a partir de su dictado para que la Autoridad de Aplicación transforme en SA a las sociedades previamente mencionadas y para la inscripción de las sociedades transformadas en los Registros Públicos de Comercio que correspondan.

Mirá el video de Marcelo Perciavalle donde desarrolla brevemente este tema:

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Debemos comenzar por señalar que el Estado fue asumiendo desde la década de 1930 (posiblemente como forma de paliar la crisis financiera mundial de 1929) cada vez más y más funciones en el campo económico, avanzando desde su intervención indirecta en la economía a través de numerosos mecanismos, en especial con la creación de numerosos entes descentralizados (vgr., empresas del Estado, sociedades del Estado -L. 20705-, SA con participación estatal mayoritaria -arts. 308 a 314, LGS- y sociedades de economía mixta -DL 15349/1946-).

Las explicaciones de por qué ello sucedió son muy variadas, pero siempre la resultante ha sido un interés político (vgr., YPF o Aerolíneas Argentinas); en otros casos puede ser estratégico (vgr., Casa de la Moneda), pero esta intervención del Estado en la economía ha sido mayoritariamente un fracaso, o porque las empresas son deficitarias, o porque sus prestaciones son obsoletas, etc., produciendo en la mayoría de los casos pérdidas y el Estado teniendo que asistirlas financieramente para que no quiebren, cosa que produce aumento del gasto público y, como consecuencia, mayor déficit fiscal. La ineficacia del Estado empresario la paga el ciudadano inexorablemente y muchas veces hasta con la vida, como en el caso del choque de trenes en la estación de Once. No hay dudas de que el Estado empresario argentino es malo.

En definitiva, el avance del Estado sobre la economía fue provocando que la sociedad en general dejara de valorar la importancia del “principio de la autonomía de la voluntad” y del “principio de la libre iniciativa económica”, que tienen ambos recepción tanto en la CN como en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.).

Ahora bien, tres son los regímenes generales que más usa el Estado:

sociedades con participación estatal mayoritaria, y
sociedades del Estado
sociedades de economía mixta

Además:

II – Desarrollo

III – Conclusiones

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