Recientemente, se dio a conocer la resolución general 15/2024 de la Inspección General de Justicia la cual, entre otras cuestiones, habilitan la realización de aportes de capital con activos digitales, entre ellos, monedas digitales.

Al respecto, es preciso que traigamos a la memoria que no existe una definición universal de que se entiende por moneda digital. Ello por cuanto el mundo de la tecnología es por sí mismo complejo. No obstante, según el sitio bcsm “una definición simple sobre qué es una moneda virtual es que es un “medio digital de intercambio”, es decir, es dinero virtual, y puesto que está relativamente aceptado, se puede utilizar para comprar y vender productos y servicios”.

Asimismo, desde la perspectiva fiscal las monedas digitales son activos financieros y más precisamente de renta fija. Por lo cual, el efecto de su utilización como medio de pago es para el impuesto a las ganancias:

1. Monedas digitales: que para el impuesto las monedas digitales son activos financieros. Dichos en otros términos, bienes que constituyen inversiones.

2. Pago en especie: el pago en especie (con monedas digitales) genera en el impuesto a las ganancias un resultado de enajenación. Y al tratarse de monedas digitales dicho resultado se encuentra alcanzado, sin importar el sujeto: empresa o no empresa.

3. Tipo de obligación: que no importa la obligación que se esté cancelando con las monedas digitales (obligaciones comerciales, laborales, impositivas, financieras u otras deudas).

En este contexto, rememoremos que el decreto de necesidad y urgencia – decreto 70/2023 – de desregulación de la economía Argentina modificó por medio de los artículos 250 y 251 los siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación:

“Art. 765 - Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes”.

“Art. 766 - Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene”.

NdR: Los resaltados en negrita son nuestros.

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De esta manera, el decreto de necesidad y urgencia buscó una mayor desregulación en las relaciones contractuales, de modo tal que las partes acuerden el modo de cancelación de las obligaciones contractuales. En este sentido, la parte pertinente de los considerandos indican:

“Que es preciso recordar que el artículo 1197 del Código Civil redactado por Dalmacio VÉLEZ SARSFIELD, que estuvo vigente desde 1869 hasta 2015, establecía que “Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”. Este precepto, profundamente liberal, fue a lo largo de los años socavado por sucesivas teorías regulatorias que descreyeron de la capacidad de los individuos para determinar su propio destino, y que el Estado estaba en mejores condiciones que las personas para saber lo que necesitaban”.

En consecuencia, a partir del decreto de necesidad y urgencia rige la libertad para pactar el modo de pago de las obligaciones, con moneda de curso legal o no. Lo expuesto incluye a las monedas digitales y ahora los aportes de capital.

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Monedas digitales: ¿cuál es el impacto fiscal del aporte de capital?