Traigamos a la memoria que el Régimen de Regularización de Activos (RRA) propicia una amplia liberación de tributos nacionales para aquellos contribuyentes que adhieran al mismo no solo por los activos que regularicen al 31 de diciembre de 2023 sino también por aquellos que ya no tengan a esa fecha por el denominado tapón fiscal. En este contexto, es importante recordar que pueden regularizar estas situaciones los denominados sujetos empresas, sean explotaciones unipersonales así como también sociedades, entre otros sujetos.

El gran problema que aparece en este escenario es que la liberación no incluye los impuestos o tributos locales. Es por ello que algunas jurisdicciones han adherido a este régimen de regularización de activos a fin de complementar las liberaciones tributarias y de acciones a nivel nacional con las locales. En este sentido, siempre que se habla de liberación a nivel local se hace referencia básicamente a las 23 jurisdicciones: las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, es imperioso afirmar que existe una realidad innegable en lo que respecta la tributación municipal. Lo indicado por cuánto las jurisdicciones municipales suelen cobrar tasas en función de ciertos parámetros siendo regularmente uno de ellos los ingresos devengados de la actividad económica llevada a cabo en un local habilitado en su jurisdicción. Esto suele suceder, por ejemplo, con la tasa de seguridad e higiene donde uno de los parámetros generales que se establecen para su cuantificación son los ingresos que se producen en el local respecto al cual se le prestó estos servicios estatales de contralor. Por lo cual, si los ingresos devengados facturados son la base imponible de muchas de estas tasas municipales el problema que nos trae aparejado el RRA es que si un sujeto empresa regulariza activos ocultos en principio se trataría de ingresos no facturados o no declarados. Esta situación llevaría a la aplicación de presunciones relativas a ventas omitidas lo que se traduce en la omisión de la base imponible de las tasas de seguridad e higiene,entre otras. Esto provoca claramente una contingencia a nivel municipal respecto a aquellos sujetos empresas que blanqueen y tengan en el ejido municipal un local habilitado o susceptible de ser habilitado que el municipio podrá reclamar.

Por lo expuesto, es de esperar que así como las jurisdicciones a nivel intermedio local como son las 23 provincias de la República Argentina más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han empezado a adherir al régimen, también lo hagan los municipios. Es muy importante ver el tema no solo de la perspectiva nacional y provincial sino también municipal ya que aquí podemos tener posibles contingencias fiscales a futuro.

Finalmente, debemos tener en consideración que muchos sujetos empresas han preferido blanquear en cabeza de sus socios o accionistas a fin de evitar posibles situaciones contingentes. Recordemos que en el actual blanqueo existelo que se denomina efecto contagio qué implica que si un socio o accionista blanquea, sus beneficios sin proporcionalidad alguna se trasladan a la sociedad. Y perseguir al socio o accionista es mucho más difícil en relación a la sociedad. Por tales motivos, el que regulariza es el socio y así se evitan posibles contingencias en cabeza de la sociedad, más allá que ésta goza de los mismos beneficios que el socio por el efecto de la extensión de los beneficios.

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