Un juez de Familia de Córdoba declaró la responsabilidad solidaria de una empresa por la deuda alimentaria de un empleado, y le aplicó una multa por incumplir una orden judicial.

En la causa “I., M. A. c/ A., V. L. - Régimen de visitas - Contencioso”, la actora interpuso una demanda por incumplimiento a la orden judicial de retención y depósito judicial de la cuota alimentaria fijada.

Destacó que se encontraba acreditada la falta de cumplimiento a la manda judicial que le ordenaba retener el 28% del salario total que percibe el alimentante y que la empresa solo lo depositó un mes. Enfatizó que tiempo después se libró un nuevo oficio a la empresa emplazándosela a que informe si dio cumplimiento a la retención ordenada sobre los haberes del alimentante obligado y que, en caso negativo, dé razones de su incumplimiento.

Añadió que en el oficio que se remitió a la empresa se transcribieron los artículos 551 y 804 del CCyCN y que se verificó el incumplimiento por esa parte. También requirió que la empresa afronte solidariamente la deuda alimentaria.

El primero de ellos señala: “Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor”.

En tanto, el segundo artículo mencionado dice: 'los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo”.

El abogado de la firma “T. J. e hijos SRL” solicitó el rechazo de lo peticionado. Negó los hechos referidos en relación a la responsabilidad solidaria y del pedido de sanciones conminatorias que se le achaca a la empresa, salvo las que sean de expreso reconocimiento.

Argumentó distintas razones que impidieron efectivamente cumplir con la manda judicial (entre ellas, remarcaron que la cuenta del alimentante se encontraba “bloqueada” para recibir transferencias ya que tenía saldo negativo y que no se podía realizar ninguna gestión desde su lado para desbloquearla).

Tras analizar las distintas pruebas, el juez consideró acreditado que la empresa demandada recibió un oficio que ordenaba la retención de la cuota alimentaria equivalente a un porcentaje de los ingresos que percibe el empleado y que, pese a ello, hubo meses en los que se realizó la retención de la cuota, pero no se efectuó el depósito correspondiente en el banco.

De esta forma, constató la existencia de un incumplimiento de la manda judicial destinada a la retención de la prestación alimentaria, que habilita la aplicación de la responsabilidad solidaria de la empresa.

Para el magistrado, la firma no actuó “con la diligencia necesaria que deben tener como empleadores, teniendo especial consideración de que se trataba del depósito de una mesada alimentaria”.

El magistrado insistió en que “la responsabilidad social que tienen las personas que cuentan con empleados en relación de dependencia resulta de suma atención, cuando se trata de cumplir deberes jurídicos que se vinculan con derechos humanos básicos como son los alimentos a niños y adolescentes”.

Por otro lado, afirmó que se le impuso a la PYME empleadora una obligación de informar, en un plazo determinado, y se le hizo saber de manera específica y concreta el apercibimiento que acarrearía la falta de cumplimiento de la orden judicial.

De esta manera, el juez hizo lugar al pedido de aplicación de responsabilidad solidaria y declaró que la empresa “T. J. e hijos” es solidariamente responsable por la deuda en concepto de alimentos y le aplicó, a favor de la actora, una multa en concepto de astreintes.

Dadas las características de la empresa -una pyme comercializadora de frutas y verduras que opera en el Mercado de Abasto de Córdoba- el magistrado a cargo del Juzgado de Familia de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba, Gabriel Tavip, consideró a la hora de establecer el monto de la multa 40 jus, es decir, 61.067,20 pesos.

En el artículo “¿Se puede extender la responsabilidad al empleador por las deudas alimentarias del trabajador?”, publicado en Erreius online, Luis E. Romero destacó que el artículo 551 del Código Civil y Comercial de Nación “tiene como finalidad garantizar el pago de los alimentos. En caso de incumplimiento del deber jurídico de retención, el tercero se convierte en responsable por el monto que debió retener a su dependiente”.

Esta obligación del alimentante y del incumplidor de la orden de retención no es solidaria, sino concurrente. Se caracteriza por tener un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causas y deudor. Ambos son deudores, pero el primero lo es a raíz de la obligación alimentaria entre parientes, y el restante en función del hecho ilícito derivado de la inobservancia de la retención decretada por el juez.

De esta manera, Romero consideró que puede extender la responsabilidad por deudas alimentarias del trabajador a los empleadores y remarcó que debe configurarse un incumplimiento de una orden judicial que justifique la responsabilidad concurrente de este último.

Fuente: Erreius

Si no deposita, hay multa: la empleadora es responsable solidaria por la deuda alimentaria de un dependiente