La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil avaló una sentencia de primera instancia que ordenó la reanudación del proceso de desalojo de un inmueble por falta de pago, que había sido suspendido porque habitaban menores en él.

En la causa “Erlich, Saúl c/Wigdorovitz, Eduardo y otro s/desalojo por falta de pago”, los integrantes de la Sala D explicaron que “deviene ajustado a derecho poner en conocimiento de la Defensoría de Menores e Incapaces la existencia de un juicio de desalojo en el que podrían verse afectados los derechos de niños y adolescentes al tomarse conocimiento de tal circunstancia y establecer un plazo para compeler al desahucio, a fin de facilitar la labor del Ministerio Público en orden a verificar la necesidad de recurrir al auxilio de un programa de apoyo y efectuar gestiones necesarias ante la autoridad administrativa”.

Luego, los jueces Patricia Barbieri, Víctor Liberman y Liliana Abreut indicaron que “la posible existencia de menores en el inmueble a desalojar de ninguna manera puede suspender el trámite de desalojo, pues si esto se verifica, corresponderá recurrir a la autoridad administrativa pertinente para que brinde protección adecuada a los menores -en caso de que no puedan ser ubicados en una vivienda o lugar que garantice sus derechos constitucionales -”.

De admitirse lo contrario, cada vez que existiera un menor en una vivienda que se desaloja, el derecho a recuperar el bien sería imposible, “cosa que la ley no dispone, pues están en juego otros derechos constitucionales como el de propiedad”, destacaron.

En ese sentido, explicaron que resultaría absurdo “concebir que los propietarios de los inmuebles ocupados o quienes posean interés legítimo para reclamar el desalojo deban otorgar a los menores la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes ostentan la patria potestad”.

Bajo tales lineamientos, indicaron que se dio “debida intervención a la señora Defensora de Menores y que se han llevado a cabo distintas medidas -incluidas audiencias- encaminadas a obtener una solución al problema habitacional de los menores, tales como el libramiento de Oficios al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA); al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo Social del GCBA”.

En vista de ello, enfatizaron que “no se expresó ningún fundamento de peso que logre variar la decisión apelada”, por lo que rechazaron los agravios de la demandada y confirmaron el decisorio de grado.

Derechos de ambos lados

Julián Herrera, en el artículo “Límites de la actuación de los defensores de menores en los juicios de desalojo de inmuebles ocupados por menores de edad”, publicado por Erreius, destacó que “resulta pertinente otorgar vista al defensor de menores en los casos en que se pretenda desalojar un inmueble habitado por menores de edad”.

Pero esta intervención, aclaró, “no implica que los representantes del Ministerio Pupilar cuenten con amplias facultades para pedir suspensión de plazos, plantear nulidades, recurrir decisiones judiciales u obstruir el normal desenvolvimiento de la litis”.

Su actuación queda limitada a fin de adoptar las medidas necesarias que tengan por objeto la protección integral de los derechos de los menores.

Es decir, la actuación de los defensores de menores debe velar por el respeto del derecho de los niños a obtener una vivienda conforme a sus necesidades.

Empero, señaló, no debe perderse de vista que los primeros obligados a otorgar una vivienda a los menores de edad resultan ser quienes ejerzan la responsabilidad parental.

“Solo en los casos en que resulte imposible que los representantes legales de los menores -o demás obligados alimentarios- puedan garantizarles el derecho a la vivienda, es que cabe recurrir a las autoridades administrativas competentes a fin de que el Estado garantice ese derecho asumido constitucionalmente”, enfatizó el especialista.

En este tipo de casos, explicó, “se considera de buena práctica que el órgano jurisdiccional otorgue intervención al defensor de menores correspondiente tan pronto como tenga conocimiento de que el inmueble cuyo desalojo se pretende se encuentra habitado por menores de edad”.

De esta manera, el Ministerio Pupilar contará con suficiente tiempo para interiorizarse de la situación de los menores en el caso concreto, verificar si los representantes legales se encuentran en condiciones de otorgarles una vivienda a sus representados y -caso negativo- poder realizar las gestiones tendientes a que los organismos administrativos competentes garanticen el derecho de los menores a acceder a una vivienda acorde a sus necesidades.

“Por otro lado, la intervención inmediata del defensor de menores evitará la posibilidad de posteriores planteos de nulidad, ya que, aun cuando dichas peticiones no suelen prosperar, lo cierto es que generan un dispendio jurisdiccional que debe ser evitado, debido a que afecta el derecho de propiedad de la parte que legítimamente pretende el desalojo del inmueble”, destacó el experto.

“En tal sentido, no puede dejar de señalarse que el derecho de los niños a una vivienda digna debe ser ponderado juntamente con el derecho de propiedad que invoca el requirente del desalojo”, concluyó.

Si hay menores en el inmueble, ¿se suspende el desalojo?