Tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada, el Gobierno Nacional confirmó este lunes 26 de enero la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo durante el mes de febrero. La novedad saliente es la incorporación del proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que busca reformar el sistema de responsabilidad penal para menores.

Esta admisión modifica la agenda que se venía perfilando desde mediados de enero, donde el foco estaba puesto exclusivamente en reformas económicas y acuerdos internacionales.

La Ley Penal Juvenil: el nuevo eje del debate

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni ratificó que el proyecto será enviado al Congreso para ser tratado en el período que inicia el próximo 2 de febrero. El punto central de la propuesta oficial es la baja de la edad de imputabilidad —actualmente fijada en 16 años—, con el objetivo de establecer un régimen de sanciones para menores a partir de los 13 o 14 años que cometan delitos graves.

Desde el oficialismo, el impulso a esta norma se fundamenta en la necesidad de actualizar una legislación que consideran 'anacrónica' y en dar respuesta a hechos de inseguridad de público conocimiento que involucraron a menores no punibles en los últimos meses.

Antecedentes del debate: el dictamen de consenso en Diputados

Durante el ciclo legislativo 2025, un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados trabajó sobre un total de 12 proyectos de ley que proponían diversas escalas de imputabilidad (desde los 16 hasta los 12 años).

Este trabajo previo, coordinado por la diputada Laura Rodríguez Machado, logró unificar criterios entre diversos bloques, derivando en un dictamen de mayoría que introdujo cambios técnicos sobre la propuesta original del Poder Ejecutivo.

Puntos centrales del dictamen de mayoría:

Edad de imputabilidad: se consensuó fijarla en 14 años, modificando la pretensión inicial que buscaba reducirla a los 13 años.
Escala penal: el texto instaura un tope de 15 años como pena máxima para los menores procesados bajo este régimen.
Sanciones alternativas: para aquellas condenas menores a 10 años, el dictamen prevé medidas de justicia restaurativa o sanciones no privativas de la libertad.

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Los proyectos clave que ya estaban en marcha

La inclusión de la normativa penal juvenil se suma al paquete de leyes que el Congreso ya se preparaba para discutir, tal como se había anticipado en la convocatoria original. Entre los proyectos más destacados se encuentran:

Reforma Laboral: el eje central de la gestión económica, que busca modificar las condiciones de contratación, el período de prueba y el sistema de indemnizaciones (fondo de cese laboral).
Acuerdo Mercosur-Unión Europea: el tratamiento del tratado de libre comercio firmado recientemente, cuya ratificación legislativa es prioritaria para la agenda de inserción internacional.
Ley de Glaciares: cambios en el régimen de protección ambiental para permitir mayores competencias provinciales en la delimitación de zonas periglaciares.
Designaciones diplomáticas: entre ellas, el pliego para nombrar a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.

Cronograma legislativo

Inicio en cámaras separadas: el debate de la reforma laboral tendrá como cabecera el Senado, mientras que, en paralelo, la Cámara de Diputados abordará el pliego del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Cruce de proyectos: una vez que ambas iniciativas obtengan la media sanción inicial y se produzca el intercambio de cámaras (revisión), el Ejecutivo habilitará el tratamiento de la Ley de Régimen Penal Juvenil.
Condicionalidad: de esta forma, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad queda supeditada al avance previo de la agenda económica y de inserción internacional en ambas cámaras.

Accedé desde acá al Decreto 53/2026 (BO: 27.1.2026): Sesiones Extraordinarias: amplían el temario para incluir proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil

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