El Fuero Contencioso Administrativo Federal ha sido el epicentro de al menos diez acciones legales desafiantes contra el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei. Estos amparos incluyen solicitudes de medidas suspensivas hasta que se emita un fallo definitivo sobre la presunta inconstitucionalidad del decreto.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una de estas acciones, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del DNU, publicado el pasado 21 de diciembre. Además, pidió medidas cautelares para detener su efecto hasta que se emita una sentencia definitiva.

Variedad de presentaciones judiciales

Hasta el momento, el Fuero Contencioso Administrativo Federal en Buenos Aires ha recibido diez demandas contra el DNU, distribuidas entre varios juzgados. La primera, presentada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, fue admitida como un 'amparo colectivo' por el juez Esteban Furnari, quien la remitió a la fiscalía para determinar la competencia del caso.

Entre las nuevas presentaciones se encuentran la acción de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina, así como los amparos de Jorge Rizzo, ex titular del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, y otros seis individuos. Todos coinciden en cuestionar la constitucionalidad del decreto y piden su suspensión.

Argumentos legales

Gil Domínguez fundamenta su demanda en la supuesta contradicción del Decreto 70 con varios artículos de la Constitución Nacional argentina (artículos 1, 29, 30, 77 a 84 y 99 inciso 3).Sostiene que el gobierno ha empleado este decreto para usurpar funciones legislativas, vulnerando el principio republicano y la división de poderes.

El abogado no solo busca la inconstitucionalidad del decreto sino que exige una medida cautelar que paralice sus efectos hasta que se resuelva la causa. Su reclamo se basa en la interpretación restrictiva del mecanismo excepcional que permite la legislación por decreto de necesidad y urgencia.

Las acciones judiciales contra el DNU de desregulación económica cuestionan la constitucionalidad de la norma por diversos motivos, entre los que se destacan:

El uso excesivo de las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo.
La violación del principio de división de poderes.
La afectación de derechos fundamentales.

Estos planteos judiciales generan un desafío directo al gobierno, abriendo un intenso debate legal sobre la constitucionalidad y el alcance de los decretos presidenciales en Argentina.

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