Por: Ezequiel Caride

Juez a cargo del Juzgado de Familia N° 1 de Trenque Lauquen

Como bien lo destacó el Máximo Tribunal Nacional en un reciente fallo, de acuerdo a los votos que conformaron la mayoría, el legislador se pronunció contra la gestación sustitutiva en las técnicas de reproducción humana asistida, mediante los términos claros del artículo 562 del CCyCo. que origina la maternidad en las técnicas de reproducción humana asistida en quien “dio a luz”, en su interrelación hermenéutica con el artículo 611 que establece la prohibición de entregas directas de niños.

En el mismo orden de ideas, al interrogante ¿se puede pactar con la mujer gestante la renuncia a su maternidad antes que se produzca el parto?, se responde en nuestra legislación civil con un rotundo no, de conformidad al plazo de discernimiento y espera previsto en el artículo 607, inciso b) del Código de fondo, para evitar situaciones abusivas o aprovechamientos de estado de necesidad.

En la cuestión disputada sobre la gestación por sustitución se debe tener en cuenta la realidad del caso y, especialmente, la dignidad de la gestante y su parto; es decir, su valor inconmensurable, excluido de todo cálculo o precio, y, por lo tanto, alejarnos de toda comparación interesada o de un trato como medio para alcanzar fines parentales ajenos.

La figura de la maternidad por encargo, en el contexto de exclusión social de nuestro país, resulta un caldo de cultivo para la demanda comercial de niños, mediante mujeres que consienten gestar niños ajenos para conseguir recursos cotidianos para sus familias, que conlleva una forma contemporánea de explotación de la mujer.

Desde este punto de vista, resultan inspiradoras las palabras de Muriel Fabre-Magnan, catedrática de derecho en La Sorbona, que advirtió en una entrevista que: “la maternidad subrogada conduce a poner a las mujeres pobres al servicio de las parejas ricas”.

No hay ejercicio de la libertad sin alternativas, no hay autonomía en mujeres en situación de vulnerabilidad; y la fuerza de la realidad, nos debe impulsar a rechazar que las mujeres terminen en una función económica que pasaría por ser máquinas reproductivas para terceros, con condiciones draconianas de ejecución contractual.

Nuestro ordenamiento jurídico vigente y sus antecedentes históricos no autorizan el parto anónimo ni la inscripción registral con madre desconocida, ya que aun en los casos de adopción plena, no se permite la ocultación de la biografía y los orígenes del menor de edad, en resguardo de su mejor interés, memoria y sustento vital.

Además, la cuestión de quién ostente la responsabilidad parental sobre un niño, no puede quedar librada a la actuación potestativa de uno de los padres, ni a las resultas de un acuerdo entre particulares o al ámbito de privacidad protegido por nuestro orden constitucional, porque existe un tercero afectado de preferente tutela.

Por último, cabe resaltar la reciente declaración de numerosas personas vinculadas al quehacer cultural o la defensa de los derechos humanos de diferentes países que solicitó el fin de la gestación para otro, a nivel global, porque viola la dignidad humana y contribuye a la trata y mercantilización de mujeres y niños.

Este artículo fue publicado en Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética de Erreius

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