La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de primera instancia que declaró la nulidad de lo todo lo actuado respecto a un coejecutado, ya que este se encontraba fallecido al momento de iniciar el juicio, lo que implicó accionar contra un sujeto inexistente, impidiendo considerar válido el cuestionado acto, con prescindencia de la fecha en que el apelante haya tomado conocimiento del fallecimiento, desde que tales nulidades -las absolutas- pueden y deben ser declaradas por el juez aun sin petición de parte.

En el caso “Taboada, Horacio Lucio c/ Bruno, Oscar y otros s/ejecutivo”, el juez de primera instancia indicó que el certificado de defunción acreditaba el fallecimiento del codemandado con fecha 9 de febrero de 2022, es decir, con anterioridad al inicio del juicio (que ocurrió el 11 de julio de 2024).

El fallo de primera instancia

Para el magistrado a quo, la mencionada circunstancia “determinaba la nulidad de todo el proceso desde su mismo inicio, pues no hubo a su respecto parte demandada con quien integrar la litis, para posibilitar la aplicación del art 43 CPCCN”.

Este artículo indica que “cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobando el hecho, el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal”.

Por ende, consideró que “nunca pudo quedar con ella constituida la relación jurídica -procesal pretendida, sobre cuya ficción se sucedieron los actos procesales deducidos”.
“Así pues, ante la inexistencia de sujeto pasivo, las actuaciones resultan nulas de nulidad absoluta, lo que así será declarado”, enfatizó.

“Un proceso iniciado contra una persona fallecida no puede quedar convalidado, ni se puede pretender hacer valer las actuaciones contra los herederos, porque la relación procesal resulta inexistente por falta de uno de sus elementos esenciales: el sujeto pasivo”, sostuvo.

A mayor abundamiento, remarcó que “la muerte produce la extinción de la persona física (CCCN 93 antes CCIV 103), quien a partir de ese momento pierde su condición de sujeto de derecho. Por lo demás, el tema trasciende el ámbito de la nulidad procesal -susceptible de convalidación- para asumir el rango de nulidad absoluta de un acto jurídico, con fundamento en lo dispuesto por el CCCN 259, 387 y conc. -antes cciv 944, 1040 y concordantes”.

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Apelación y resolución de la Cámara

El ejecutante apeló en forma subsidiaria la resolución mediante la cual el magistrado de primera instancia declaró la nulidad de todo lo actuado respecto del coejecutado.

Las camaristas Matilde Ballerini y María Guadalupe Vásquez sostuvieron que “la nulidad decretada respecto del proceso iniciado contra un demandado fallecido antes de la promoción del litigio, trasciende el ámbito de la nulidad procesal y se inserta en la órbita de las nulidades absolutas de actos jurídicos, cuya convalidación no se encuentra legalmente prevista (artículo 387 Código Civil y Comercial de la Nación)”.

Las juezas explicaron que la muerte produce la extinción de la persona física (art. 93 del Código Civil y Comercial de la Nación), quien a partir de ese momento pierde su condición de sujeto de derecho.

En ese contexto, remarcaron que “el hecho de haberse iniciado una demanda contra una persona fallecida implicó accionar contra un sujeto inexistente, lo que impide considerar válido el cuestionado acto, con prescindencia de la fecha en que el apelante haya tomado conocimiento del fallecimiento, desde que tales nulidades -las absolutas- pueden y deben ser declaradas por el juez aun sin petición de parte”.

Desde tal perspectiva, señalaron que “la convalidación pretendida por el recurrente a través de la solicitada integración de la litis con los herederos resulta improcedente porque no puede aplicarse el procedimiento que prevé el artículo 34:5 del Código Ritual en tanto ello resulta procedente cuando una persona fallece durante el proceso, mas no cuadra trasladarlo al caso de autos en que se encontraba fallecida antes de iniciarse el juicio”.

“No obsta a esta solución el hecho de que el magistrado de grado haya despachado la ejecución y ordenado la intimación de pago en estas actuaciones, pues dichos actos se encuentran alcanzados por idéntico vicio al señalado respecto de la totalidad de las actuaciones cumplidas y debe ser nulificado al tomarse razón de su existencia”, agregaron.

De esta manera, desestimaron el recurso presentado por el actor y confirmaron la sentencia de primera instancia.

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