La Inspección General de Justicia (IGJ), a través de la Resolución General 21/2024 y Resolución General 22/2024, dispuso nuevas medidas relacionadas con los planes de ahorro por círculo cerrado para la adjudicación directa de automotores, con el fin de aliviar la carga económica de los suscriptores y garantizar la continuidad de los contratos vigentes.

Extensión de plazos para el diferimiento de pagos

Recordamos que mediante la Resolución General IGJ Nº 17/2024, emitida el 1 de agosto de 2024, se estableció un régimen que permitía diferir el pago de un 20% de la cuota de ahorro y/o amortización de contratos agrupados hasta el 31 de diciembre de 2022, correspondientes a grupos vigentes de planes de ahorro por círculo cerrado para la adjudicación directa de automotores, fijándose como plazo límite para el ejercicio de la opción el 31 de diciembre de 2024. Lo dispuesto debía ser difundido por las administradoras.

Sin embargo, problemas técnicos en la comunicación por parte de las administradoras demoraron la implementación de estas medidas. Ante esta situación, la Cámara de Ahorro Previo Automotores (CAPA) solicitó una prórroga para garantizar el acceso efectivo de los suscriptores al beneficio.

En respuesta, la IGJ, a través de la Resolución General 21/2024, decidió extender los plazos para ejercer la opción de diferimiento de pago hasta el 30 de abril de 2025.

En tal sentido, las administradoras deberán adecuar los formularios correspondientes para asegurar el cumplimiento de esta normativa.

Condonación de intereses punitorios

Por otro lado, la Resolución General IGJ Nº 22/2024, autoriza a las administradoras de planes de ahorro por círculo cerrado para la adjudicación directa de automotores y sumas de dinero destinadas a la adquisición de automotores, a condonar los intereses punitorios generados por cuotas vencidas e impagas hasta el 30 de abril de 2025.

La normativa explica que el cobro de intereses punitorios se reanudará a partir del 1° de mayo de 2025.

La condonación de intereses se aplicará de manera general a todos los contratos alcanzados por la normativa, pero se excluyen a las deudas judicializadas.

Por su parte, las administradoras deberán informar a la IGJ, en un plazo de diez días desde la publicación de la resolución, su decisión respecto a la implementación de estas medidas.

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