La legisladora porteña Graciana Peñafort presentó un proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio específico para las plataformas digitales de transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa propone establecer requisitos obligatorios para las compañías y conductores que operan mediante aplicaciones, crear registros oficiales, fijar condiciones de seguridad y definir nuevas obligaciones económicas y laborales para el sector.

Según los fundamentos, el texto, que lleva el nombre de “Régimen de Servicios de Transporte de Pasajeros Particulares intermediado por Plataformas Digitales”, apunta a ordenar una actividad que desde hace años funciona en medio de disputas judiciales, reclamos del sector taxista y debates sobre la falta de regulación específica en la Ciudad.

Registro obligatorio para plataformas y conductores

El proyecto pretende crear dos registros oficiales. Por un lado, el Registro de Operadores de Plataformas Digitales de Servicios de Transporte (ROPDT), destinado a las empresas que administran las aplicaciones. Por otro, el Registro de Prestadores de Plataformas Digitales de Servicios de Transporte (RPPDT), destinado a los conductores.

La inscripción en esos registros sería obligatoria para operar dentro de la región. Tanto las plataformas como los choferes deberán estar habilitados y contar con documentación vigente para poder prestar el servicio legalmente.

Las corporaciones tendrán que acreditar inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Inspección General de Justicia. También deberán fijar domicilio legal en la Ciudad y presentar información vinculada a la operatoria de la plataforma, incluyendo contratos, pólizas de seguros y estimaciones sobre la cantidad de vehículos asociados.

Además, las aplicaciones estarán obligadas a informar mensualmente a la autoridad de aplicación la nómina de vehículos registrados y solo podrán asignar viajes a conductores debidamente habilitados.

Tarifa mínima y aporte al transporte público

La propuesta también pretende que se fije una tarifa mínima obligatoria para los viajes realizados mediante plataformas digitales y establece que ningún viaje podrá cobrarse por debajo del valor de la bajada de bandera vigente para el servicio de taxis porteño.

De esta manera, se evitarían diferencias extremas de precios entre ambos sistemas (uno de los principales reclamos del sector taxista, que sostiene que las aplicaciones operan con costos regulatorios más bajos y generan competencia desigual).

A su vez, las plataformas deberán abonar una tasa equivalente al 1% del valor total de cada viaje realizado. Según el proyecto, esos fondos se destinarán al financiamiento de tarifas accesibles para el transporte público de pasajeros en la Ciudad.

¿Qué requisitos deberán cumplir los conductores?

El plan también incorpora una lista detallada de exigencias para los conductores que trabajen mediante aplicaciones de transporte. Entre ellas, se establece que los vehículos deberán tener más de cuatro puertas y menos de diez años de antigüedad.

En tanto, los choferes deberán contar con:

Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada
Licencia profesional categoría D1, D2 o equivalente
Seguro contra todo riesgo para transporte oneroso
Certificado de libre deuda de infracciones
Certificado de no ser deudor alimentario
Certificado de antecedentes penales

Además, deberán inscribirse en el registro digital de la Ciudad y aportar imágenes digitales del vehículo según lo determine la autoridad de aplicación. También estarán obligados a cumplir personalmente con el servicio, ya que se prohíbe expresamente la subcontratación y el uso de cuentas por terceros.

Esa prohibición apunta a evitar la cesión de cuentas o el alquiler de perfiles habilitados para trabajar en las plataformas.

Seguros y nuevas obligaciones para las plataformas

La iniciativa también incorpora obligaciones específicas para las empresas respecto de la seguridad y cobertura de riesgos. Las plataformas deberán contratar seguros que cubran a conductores, pasajeros, vehículos asociados y terceros damnificados. También tendrán que garantizar un seguro de vida obligatorio para los choferes.

Por otro lado, dispone que las aplicaciones deberán pagar semanalmente a los conductores cuando actúen como intermediarias en el cobro de los viajes. Además, fija que la participación del conductor no podrá ser inferior al 85% del valor abonado por el usuario.

Las plataformas tampoco podrán descontar propinas, ya que el texto exige transferir íntegramente esos montos a los conductores.

Descanso obligatorio y derechos digitales

El proyecto también establece que las empresas deberán informar a los conductores sobre los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación utilizados por las aplicaciones. También tendrán que explicar los criterios de asignación de viajes, las razones de suspensiones de cuentas y cualquier modificación que afecte la actividad de los choferes.

El texto incorpora además el derecho de los conductores a solicitar explicaciones y presentar descargos frente a decisiones tomadas automáticamente por los sistemas de la plataforma. Para eso, las compañías deberán contar con personas responsables de atender esos reclamos.

También tendrán la obligación de garantizar un tiempo mínimo de desconexión de 12 horas dentro de cada período de 24 horas a los fines de reforzar condiciones de seguridad vial y evitar jornadas excesivas de manejo.

Asimismo, las plataformas deberán ofrecer espacios de descanso y servicios sanitarios para los conductores, ya sea de forma directa o mediante convenios con terceros dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Suspensiones, sanciones e inhabilitaciones

Esta propuesta prevé un sistema de sanciones tanto para las plataformas como para los conductores que incumplan las normas.

Las empresas podrán ser suspendidas entre 15 y 90 días por infracciones vinculadas a la prestación del servicio. En el caso de los conductores, las suspensiones podrán ir de 7 a 30 días según la gravedad de las faltas.

Además, la autoridad de aplicación podrá disponer la baja definitiva del registro de conductores en casos específicos, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, negarse a controles, circular con licencia vencida, violar barreras ferroviarias o recibir condenas penales.

En los casos más graves, el proyecto, en caso de convertirse en ley, permitirá la inhabilitación de conductores por hasta cinco años.

Fundamentos de la iniciativa

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es adaptar el sistema normativo porteño a las nuevas modalidades de movilidad urbana surgidas con el avance de las aplicaciones tecnológicas.

Sostiene que la legislación actual fue creada en una etapa previa a la aparición de estas plataformas y que, por ese motivo, existe un vacío regulatorio que derivó en conflictos judiciales y cuestionamientos sobre las condiciones de competencia entre taxis y servicios gestionados mediante apps.

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