Un grupo de Diputados, encabezados por Patricia Vásquez, presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación propone establecer un régimen general para regular la validez de las tasas municipales en todo el país, fijando como condición central la existencia de una contraprestación efectiva, concreta e individualizada por parte de los municipios.

De transformarse en ley, introduciría cambios en la forma en que los municipios crean, estructuran y justifican sus tasas, estableciendo pautas uniformes a nivel nacional basadas en la jurisprudencia y en principios constitucionales.

La iniciativa se giró a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Municipales.

Alcance y objetivos

La propuesta indica que tiene como objetivo “definir los principios que deben regir la creación, determinación, percepción y exigibilidad de las tasas municipales. En ese marco, establece que estas prestaciones solo serán válidas cuando respondan a servicios efectivamente prestados por el municipio y mantengan una relación razonable con su costo”.

El texto prevé su aplicación en todo el territorio nacional desde su publicación en el Boletín Oficial, alcanzando a todos los cobros que se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.

Definición de tasa y requisito esencial

El proyecto define a la tasa como una prestación pecuniaria cuyo hecho imponible debe consistir exclusivamente en la prestación concreta, efectiva, actual, adecuada e individualizada de un servicio estatal que beneficie directamente al contribuyente o a un bien determinado.

Sobre esa base, introduce un requisito esencial de validez que impone tres condiciones que deben cumplirse de manera simultánea. En primer lugar, la existencia real de una prestación estatal concreta y efectiva. En segundo término, la individualización del contribuyente como destinatario directo o razonablemente identificable del servicio. Finalmente, la proporcionalidad razonable entre el monto exigido y el costo del servicio prestado, lo que implica, según los impulsores de la iniciativa, que la tasa no puede fijarse en función de parámetros ajenos a esa prestación.

Prohibición de tasas sin causa

La iniciativa establece una prohibición expresa de crear tasas que no tengan una vinculación directa con un servicio estatal individualizado. De acuerdo a los fundamentos, se busca evitar que se utilicen estructuras, bases imponibles o mecanismos de cálculo que desnaturalicen la tasa y la conviertan en un instrumento de recaudación general.

En ese sentido, el proyecto apunta a impedir la aplicación de tasas calculadas sobre ingresos, facturación u otros indicadores que no reflejen el costo del servicio prestado. Asimismo, se dispone que las tasas que no cumplan con estos requisitos pueden constituir una afectación ilegítima del derecho de propiedad y adquirir carácter confiscatorio si implican la absorción de una porción sustancial de la renta o del capital del contribuyente.

Carga de la prueba y mecanismos de control

La propuesta instaura que la carga de la prueba recae exclusivamente en el municipio. Las autoridades locales deberán acreditar, tanto en sede administrativa como judicial, la existencia del servicio, su prestación efectiva, la individualización del beneficiario y la razonabilidad del costo.

Además, se contempla la posibilidad de que los municipios implementen cuentas bancarias específicas para cada tasa, con el objetivo de demostrar de manera concreta la relación entre lo recaudado y el costo del servicio prestado.

Por ese motivo, dispone que las ordenanzas municipales y los actos administrativos que establezcan tasas en violación de los requisitos previstos podrán ser declarados nulos. En esos casos, los contribuyentes tendrán derecho a reclamar la devolución de los montos abonados indebidamente y a solicitar las indemnizaciones que correspondan.

Adhesión y vigencia

El proyecto invita a las provincias y municipios a dictar normas de adhesión y regulaciones complementarias para asegurar la aplicación de estos principios, respetando las autonomías locales dentro del marco de la supremacía constitucional.

Asimismo, fija que la ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y dispone su comunicación al Poder Ejecutivo Nacional.

Fundamentos y respaldo constitucional

En los fundamentos, la iniciativa señala que se apoya en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que las tasas solo pueden cobrarse cuando existe una prestación concreta, efectiva e individualizada, y que debe haber proporcionalidad entre el monto exigido y el servicio brindado. También se menciona un antecedente en el que se declaró la inconstitucionalidad de una ecotasa por no acreditarse la prestación efectiva.

En el plano constitucional, el proyecto invoca el artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege el derecho de propiedad, el principio de supremacía constitucional y las facultades del Congreso para dictar normas que aseguren el respeto de los derechos fundamentales en todo el país.

Asimismo, sostiene que la autonomía de provincias y municipios no es absoluta y no habilita la creación de tributos sin causa ni el uso de tasas con fines exclusivamente recaudatorios. En ese sentido, plantea que la intervención del Congreso busca fijar límites constitucionales básicos y garantizar una protección uniforme del derecho de propiedad en todo el territorio nacional.

Finalmente, el texto advierte que la falta de regulación frente a estas prácticas podría implicar una omisión del Poder Legislativo en su rol de garante del orden constitucional.

Nuevo fallo contra las tasas municipales

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de la denominada “Tasa por Servicios Esenciales” creada por la Municipalidad de Azul, que establecía el pago de hasta un litro de gasoil por hectárea para productores rurales. Como consecuencia, el municipio deberá reintegrar la totalidad de los montos percibidos bajo ese concepto.

En el expediente “Carrizo Alicia Graciela y otros c/ Municipalidad de Azul s/ pretensión anulatoria”, el tribunal hizo lugar al recurso de apelación presentado por los productores y modificó la sentencia de primera instancia, que había declarado la ilegitimidad del tributo solo sobre el 50% del monto liquidado. La nueva resolución dispuso que la invalidez alcance al 100% de lo cobrado en cada caso respecto de las partidas rurales involucradas.

Los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín consideraron acreditado el planteo central de los demandantes vinculado a la invalidez del procedimiento mediante el cual se aprobaron las ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023, que dieron origen al gravamen.

El conflicto se inició en febrero de 2024, cuando productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul promovieron una demanda colectiva contra el municipio. La tasa cuestionada establecía un pago mensual equivalente a hasta un litro de gasoil por hectárea -y dos litros en el caso de frentistas urbanos-.

Los demandantes sostuvieron que el tributo resultaba inconstitucional debido a la ausencia de una contraprestación específica vinculada a la actividad rural. Según lo establecido en la normativa, lo recaudado se destinaba a servicios generales como salud, educación, deporte, inclusión, cultura, transporte, así como al mantenimiento de espacios públicos y señalización urbana.

Además, argumentaban que la ordenanza no cumplía con los requisitos previstos en la Ley Orgánica de las Municipalidades y que el gravamen no podía considerarse una tasa, al no existir un servicio directo prestado a los contribuyentes rurales, lo que lo asemejaba a un impuesto.

Según estimaciones de los demandantes, alrededor de 80 contribuyentes habrían realizado pagos, con explotaciones que van desde 90 hasta 8.000 hectáreas.

Durante la vigencia de la tasa, el nivel de cumplimiento fue limitado: el municipio habría recaudado cerca del 40% de lo previsto en la primera cuota.

Portal de Transparencia Tributaria Municipal y control ciudadano de tasas

En paralelo al debate legislativo sobre las tasas municipales, el Gobierno nacional formalizó la puesta en marcha del Portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta digital que permite consultar las alícuotas vigentes en cada distrito del país y habilita la posibilidad de que los contribuyentes realicen denuncias sobre aquellas que consideren excesivas o irregulares. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei y bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, busca ampliar el acceso a la información fiscal a nivel local.

El portal incorpora un sistema de denuncias online y un ranking que expone las tasas más altas por rubro. Entre los datos relevados, se destacan casos como Lanús con una alícuota del 6% en hipermercados, Villa Mercedes con 2,5% en industria y Bahía Blanca con 8,5% en entidades financieras. En contraste, municipios como Río Cuarto, Villa María y La Calera presentan niveles más bajos, incluso con esquemas promocionales.

La herramienta también permite visualizar diferencias entre distritos, evidenciando la heterogeneidad tributaria municipal y aportando información que puede ser utilizada por contribuyentes y empresas al momento de evaluar cargas fiscales locales.

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