El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un paso decisivo en la política de investigación criminal al publicar el Decreto N° 709/2025, que aprueba la nueva reglamentación de la Ley N° 26.879, creadora del Registro Nacional de Datos Genéticos.

Esta reglamentación, que derogó el anterior Decreto N° 522/17, adapta el funcionamiento del registro a las profundas modificaciones introducidas por la Ley N° 27.759, cuyo impacto principal es la ampliación del universo de delitos a investigar mediante perfiles genéticos.

El traspaso de autoridad: de Justicia a Seguridad

La medida establece que el Ministerio de Seguridad Nacional será la autoridad de aplicación y que la administración del registro pasa de la órbita del Ministerio de Justicia a la cartera de Seguridad.

Este cambio responde a la necesidad de fortalecer la trazabilidad criminal y adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años.

Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de los hechos.

Ampliación del objeto: se pone el foco en delitos graves

El Decreto 709/2025 reglamenta la ampliación del alcance establecida por la Ley N° 27.759, que extiende la base de datos a una gama más vasta de delitos graves, no solo los vinculados contra la integridad sexual.

El registro ahora tiene por objeto facilitar la investigación y esclarecimiento de un rango mayor de hechos, incluyendo la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas inocentes ajenas al delito.

La normativa da prioridad al ingreso de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas y condenadas por delitos de alta lesividad social, tales como:

Homicidios dolosos
Abusos sexuales
Narcotráfico
Robos agravados

Además, el registro podrá ser utilizado para la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.

Finalmente se dispone la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que dictará las normas que garanticen el correcto funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal y las que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto.

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