En una medida orientada a la sostenibilidad ambiental, el Gobierno de Santa Fe resolvió suspender por un año calendario toda actividad de acopio de pescado con destino a la exportación. La decisión, oficializada mediante la Resolución Conjunta 332/2025 (PEMAyCC), incluye también la suspensión de las licencias categoría A, que habilitan la comercialización y el transporte de pescado fuera de la provincia.

La iniciativa busca preservar el recurso ictícola del río Paraná, afectado por la sobreexplotación y los bajos niveles hidrométricos registrados en los últimos años.

Según informes técnicos elaborados por el EBIPES, las campañas 2022, 2023 y 2024 evidencian una disminución sostenida de las poblaciones pesqueras, lo que encendió las alertas en los organismos de control.

Esta situación ya había sido objeto de análisis judicial en la sentencia 711/2023, de fecha 22 de junio de 2023, dictada en los autos “Bartoli, Jorge Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Acciones Colectivas” (CUIJ 21-01448358-3) y “Palo Oliver, Claudio Fabián y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparos Colectivos” (CUIJ 21-02019565-4), tramitados ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario.

Dicha resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, mediante el acuerdo 97 del 23 de abril de 2024, que compelió al Poder Ejecutivo Provincial a cumplir el bloque normativo vigente sancionado por la Legislatura, con el objetivo central de preservar el recurso ictícola.

Desde los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Desarrollo Productivo se subrayó que la medida apunta a reducir la presión sobre el ecosistema y fomentar alternativas sustentables como la acuicultura.

Este modelo de producción, destacaron, permite generar empleo en comunidades costeras, mejorar la calidad alimentaria y garantizar trazabilidad y seguridad sanitaria en los productos obtenidos bajo condiciones controladas de cultivo.

La suspensión no afectará el acopio ni la comercialización de pescado destinado al mercado interno, ni a aquellos productos de exportación que provengan de la acuicultura.

De acuerdo con el comunicado oficial, la resolución será presentada ante el Consejo de Reconversión Pesquera y notificada a organismos como ASSAL, SENASA, ARCA y al Ministerio de Justicia y Seguridad.

La decisión se enmarca dentro del Plan Estratégico Ictícola Provincial y responde al nuevo mandato constitucional incorporado en la reforma de septiembre de 2025, que consagra el derecho a un ambiente sano y sostenible como principio rector de las políticas públicas.

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