En la causa 'R. G. M. C/ Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito V S/ Pretensión Anulatoria', la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín ratificó la sanción de 'advertencia privada por escrito' impuesta por el Colegio de Psicólogos (Distrito VI) a una profesional que inició la atención de una niña menor de edad sin el consentimiento expreso del padre. El conflicto se originó cuando la licenciada, tras las sesiones, elevó un informe al Juzgado de Familia, lo que motivó la denuncia del progenitor por considerar que se vulneró la responsabilidad parental compartida.

El debido proceso y la subsanación de vicios

La demandante solicitó la nulidad del acto administrativo alegando irregularidades graves, principalmente la omisión del traslado para alegar previsto en el Reglamento Sumarial. No obstante, el Tribunal desestimó el planteo bajo los siguientes criterios:

Falta de perjuicio concreto: La actora reconoció desde su primer descargo el hecho material (la atención sin aval del padre), por lo que la omisión de la etapa de alegatos no cambió el eje de la controversia.
Subsanación administrativa: Cualquier deficiencia en la motivación de los actos iniciales fue corregida por el Colegio al brindar los fundamentos legales y reanudar plazos para recurrir.
Derecho de defensa: Se constató que la profesional tuvo acceso a la denuncia, presentó pruebas y pudo articular su defensa técnica a lo largo de todo el proceso.

El alcance del Art. 641 del Código Civil y Comercial

El núcleo del debate jurídico giró en torno a si el actuar de la psicóloga estaba amparado por la presunción de conformidad de los padres que establece el Art. 641 inc. b) del CCCN. El fallo fue contundente al establecer límites a dicha interpretación:

Actos ordinarios vs. extraordinarios: La presunción legal está pensada para actos cotidianos, de administración o urgencias. Iniciar un tratamiento psicológico en un niño con padres en conflicto excede lo 'ordinario'.
Prevalencia del Código de Ética: La norma civil no es una 'carta blanca' para ignorar los deberes deontológicos. El profesional debe asegurar el consenso para evitar ser instrumentalizado en la disputa familiar.
Competencia Técnica del Colegio: Se reconoció la potestad del Tribunal de Disciplina para definir qué conductas afectan la lex artis, siempre que su valoración no sea arbitraria.

Conclusión y costas

Al no acreditarse arbitrariedad en la decisión del órgano colegial, la Cámara rechazó la pretensión anulatoria de la licenciada. Asimismo, se le impusieron las costas del proceso en su condición de vencida.

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