La sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial condenó al club San Lorenzo de Almagro a abonar algo más de 40 millones de pesos más intereses por servicios impagos a una empresa de seguridad, que trabajó durante casi tres años en el estadio y en la sede social.

Durante el juicio, la institución deportiva negó la deuda por la prestación del servicio de seguridad, pero no aportó ninguna documentación. Por su parte, fueron constatados los registros de los libros contables de la demandante, los cuales eran coincidentes con la facturación mensual sin cancelar.

El pedido de la empresa actora

En la causa “Nivel 3 Seguridad SRL contra Club Atlético San Lorenzo de Almagro s/ ordinario”, la actora indicó que desde el mes de septiembre del año 2018 hasta el mes de julio del año 2021 prestó servicios de prevención y vigilancia de manera ininterrumpida para la demandada, tanto en su estadio de fútbol como en su sede social.

Explicó que facturaba mensualmente los importes correspondientes de acuerdo a la cantidad de horas de servicios efectivamente prestadas en el mes y que, como consecuencia de la relación comercial entre las partes, quedaron facturas totalmente impagas.

Destacó que la demandada resultaba agente de retención, que por ello retuvo de las facturas abonadas el impuesto al valor agregado y que emitió los correspondientes certificados de retenciones.

Y denunció que tres de esas retenciones no fueron ingresadas a la AFIP, lo que le generó una deuda con dicho organismo, la que tuvo que solventar por la suma de $1.095.843.

Por otro lado, expresó que las facturas en cuestión no fueron observadas a su vencimiento por lo que procedió a enviar dos cartas documento en las que notificaba el corte del servicio de seguridad a partir del 15/07/2021 e intimaba de su pago y sostuvo que, ante la falta de respuesta de la contraria, procedió a declarar rescindido el contrato.

La respuesta de la demandada y el fallo de primera instancia

La demandada contestó. Adujo que no recibió las mencionadas facturas y agregó que la actora tampoco acompañó remitos firmados por su parte.

La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda. El juez ponderó la prueba pericial contable ofrecida. Al respecto, consideró dirimente que el experto informático comprobara que las facturas reclamadas se encontraban registradas en los libros de la parte actora, y que los registros contables de la demandada no fueron puestos a disposición.

Recalcó la eficacia probatoria de los registros contables en los términos del artículo 330 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Enfatizó que, si bien la accionada negó haber recibido las facturas acompañadas con el escrito inaugural, y no puso a disposición sus registros contables, dichos documentos se hallaban asentados en el resumen de cuenta corriente del proveedor, a nombre del actor y que ésta coincidía con la sumatoria de las facturas acompañadas, lo cual determinó el progreso de la demanda por el total consignado en el escrito de inicio.

En cuanto a la pretensión de reintegro de las retenciones que el accionante sostuvo haber abonado a la AFIP, la misma fue rechazada por no haber producido la actora prueba alguna para acreditar tal extremo.

La apelación y los argumentos de la Cámara

La accionada apeló. Sostuvo que el magistrado omitió analizar si las prestaciones de seguridad y vigilancia facturadas fueron efectivamente prestadas.

Las camaristas Matilde Ballerini y María Guadalupe Vásquez consideraron que el argumento de la apelante resultaba “manifiestamente insuficiente para rebatir los fundamentos expuestos en la sentencia” ya que la crítica al fallo no fue concreta ni razonada por no precisar los supuestos errores y omisiones.

Remarcaron que “el experto informático corroboró que las facturas fueron recibidas correctamente por la demandada y verificó el intercambio epistolar digital entre las partes, todo lo cual contraría la defensa expuesta por el Club Atlético San Lorenzo”.

“Tal dictamen no fue impugnado por la accionada y si bien es cierto que el peritaje no es vinculante y debe ser analizado según la preceptiva de la sana crítica (art. 477 CPr), no existen motivos para apartarse de las conclusiones a las que llegó la perito”, añadieron.

Y destacaron que “en el derecho argentino la prueba de libros tiene particular fuerza de convicción en materia mercantil por virtud del art. 330 del Código Civil y Comercial de la Nación; y, aun cuando no sea una prueba legal absoluta, el tribunal no podría sentenciar un pleito entre comerciantes contra el resultado de este elemento de juicio, sin contar con una profunda e idónea crítica de tal antecedente”.

La decisión

La omisión de la demandada en poner a disposición sus registros contables y, paralelamente, la comprobación de la deuda debidamente registrada en la contabilidad de la actora, permitieron a los jueces formar convicción suficiente respecto a su existencia y exigibilidad, subrayaron las magistradas.

En definitiva, concluyeron que “la controversia debe resolverse en contra del comerciante que no lleva libros de comercio o que ha omitido su presentación al perito, máxime cuando la prueba de libros fue propuesta y aceptada, y entre los puntos de pericia figuraba el examen de éstos y documentación contable de ambos litigantes”.

Por otro lado, alegaron que “ningún elemento probatorio aportó la demandada que obste concluir que las facturas en cuestión se basaron en servicios prestados, que fueron debidamente entregadas a su parte y que no fueron impugnadas en tiempo y forma”.

“Las facturas son instrumentos demostrativos de la ejecución del contrato con el vendedor. Tienen eficacia liquidatoria y probatoria del negocio razón por la que cabe estar a sus términos transcurrido el plazo fijado en la norma citada, si no ha mediado impugnación. El silencio guardado por el destinatario de una factura equivale entonces a su conformidad y aceptación'.

En este orden de ideas, en tanto fue probada la recepción de las facturas y su aceptación, ante la falta de impugnación, ello permitió tener por acreditada la efectiva prestación de los servicios en cuestión.

En virtud de lo expuesto, rechazaron el recurso interpuesto por la demandada y confirmaron la sentencia apelada.

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