El reciente fallo “S. G. E. S/ determinación de la capacidad jurídica” dictado por la Cámara Civil y Comercial de Necochea (28/10/2025) y la película estrenada hace unos días, “27 noches”, interpretada por Marilú Marini, convergen en un punto crucial: la salud mental en la vejez y el respeto por la autonomía personal. Ambos discursos, aunque desde lenguajes distintos, nos interpelan sobre cómo el sistema jurídico y la sociedad abordan la vulnerabilidad sin caer en paternalismos que anulan la voz del adulto mayor.

El marco jurídico: internaciones y capacidad

En Argentina, la Ley 26.657 y el Código Civil y Comercial (arts. 31 y 32) establecen que la capacidad es la regla y la restricción, la excepción. Las internaciones involuntarias, reguladas por la misma ley, solo proceden ante riesgo cierto e inminente para la persona o terceros, y requieren control judicial estricto.

El fallo de Necochea reafirma esta doctrina: no basta un deterioro cognitivo leve para justificar una restricción o una internación. La justicia debe garantizar apoyos, no sustituciones, y evitar que los procesos se transformen en un “peregrinaje” que erosione derechos.

La mirada cinematográfica: fragilidad y resistencia

En “27 noches”, Marilú Marini encarna la tensión entre la fragilidad emocional y la necesidad de sostener la identidad frente a decisiones externas (sus hijas deciden internar a la protagonista en una institución neuropsiquiátrica sin su consentimiento). La película expone el impacto psicológico de la soledad y la dependencia, pero también reivindica la capacidad de decidir, incluso en escenarios adversos.

Este enfoque dialoga con el criterio judicial: la edad y la salud mental no son sinónimos de incapacidad, sino dimensiones que exigen apoyos proporcionales y respeto por la voluntad.

Salud mental y trato preferente

El fallo introduce un concepto clave: el “trato preferente” hacia personas mayores, previsto en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este estándar obliga a la justicia a actuar con celeridad reforzada, evitando que el tiempo se convierta en un factor de vulneración.

La salud mental, lejos de justificar medidas restrictivas automáticas, demanda abordajes interdisciplinarios que prioricen la autonomía y la dignidad.

La protección jurídica y el acompañamiento emocional son complementarios, no excluyentes.

El desafío está en construir procesos que no despojen a la persona de su proyecto vital, sino que lo fortalezcan. Porque, como sugiere el fallo y la película, la verdadera justicia —y la verdadera humanidad— reside en escuchar antes que decidir.

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