El Estado Nacional presentó un recurso extraordinario por “salto de instancia” ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). La decisión judicial, dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, había hecho lugar a un planteo de la CGT que cuestionó la constitucionalidad de la reforma.

En su presentación, el Gobierno solicitó que el máximo tribunal intervenga de manera directa y urgente, sin pasar por instancias intermedias, y que deje sin efecto la resolución. Argumentó que el fallo genera “gravedad institucional”, al suspender con alcance general una ley sancionada por el Congreso, lo que, según sostuvo, afecta la división de poderes y la seguridad jurídica.

El recurso también cuestiona la competencia del fuero laboral para intervenir en el caso, al tratarse de una demanda contra el Estado Nacional y de un planteo sobre la validez de una norma federal. En ese sentido, remarcó que la causa debería tramitar en el fuero contencioso administrativo federal y no en la justicia laboral.

Por otro lado, el Ejecutivo señaló que la acción impulsada por la CGT carece de un caso concreto y de legitimación suficiente, ya que impugna de manera general múltiples artículos sin identificar perjuicios específicos. Además, advirtió que la medida cautelar implica, en los hechos, un adelantamiento del fallo de fondo.

Finalmente, el Gobierno insistió en que la intervención de la Corte es necesaria para evitar un perjuicio de difícil reparación, dado que la suspensión de la norma ya está generando incertidumbre sobre el régimen laboral vigente. La decisión del máximo tribunal será clave para definir el futuro inmediato de la reforma.

Per Saltum: el Gobierno va a la Corte por la reforma laboral