En el actual escenario del Derecho Societario argentino, la Sección IV del Capítulo I de la Ley General de Sociedades (LGS) constituye un microsistema jurídico que aglutina a aquellas sociedades que no se ajustan a los tipos previstos o incumplen con las formalidades de inscripción.

Históricamente, la regularización de sus asientos contables ha generado controversias respecto a la oponibilidad frente a terceros.

No obstante, con la entrada en vigencia de la Resolución General IGJ 15/2024, el organismo de contralor ha clarificado el estatus jurídico de la contabilidad para estos entes, desplazando el eje de la imperatividad hacia el principio de la facultad discrecional.

Marcelo Perciavalle comenta que la resolución general IGJ 15/2024 revela una modificación sustancial en la técnica registral para las sociedades de la Sección IV con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El núcleo de la cuestión radica en la operatividad del Artículo 33 de dicha norma, el cual establece una prerrogativa de carácter facultativo y no una imposición erga omnes.

De acuerdo con este marco normativo, la intervención del Registro Público se supedita exclusivamente a la solicitud voluntaria de la entidad.

Este temperamento se encuentra en estricta consonancia con los Artículos 320 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, que regulan el deber de llevar contabilidad pero dejan bajo la esfera de decisión de estas sociedades la formalización mediante rúbrica ante la autoridad administrativa.

El Registro Público solo procederá a inscribir a estas sociedades cuando el objeto sea, precisamente, la habilitación de registros o la rúbrica de libros para dotarlos de mayor valor probatorio.

Al no configurarse un deber imperativo en la RG 15/24, la falta de rúbrica no acarrea las sanciones previstas para las sociedades regularmente constituidas, aunque condiciona la eficacia de la prueba contable en sede judicial.

En conclusión, la normativa actual consagra un régimen de libertad formal que permite a las sociedades de la Sección IV decidir sobre su grado de transparencia institucional, priorizando la autonomía de la voluntad sobre el rigorismo registral clásico.

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