Es cierto que desde los años calendarios 2024 y 2025, la inflación experimentó una tendencia a la baja muy significativa en relación con años anteriores; sin embargo, también es cierto que sigue persistiendo en porcentajes que, en comparación con la inflación de otros países del mundo, continúan siendo elevados.

En consecuencia, no es novedad decir que ciertos parámetros de la normativa impositiva necesitan una urgente actualización a fin de no seguir generando grandes perjuicios en los contribuyentes. Al respecto, y entre las normas que necesitan una clara actualización, se encuentra la Resolución General Nº 830, referente al régimen general de retención del Impuesto a las Ganancias. La última vez que recibió una actualización fue por medio de la RG (AFIP) Nº 5423, pero solo en lo que concierne a profesiones liberales y oficios. No obstante, el resto de los conceptos sujetos a retención no se actualizan desde el 1 de agosto de 2019, casi 7 años sin actualización.

Al respecto, lo alarmante de la situación se da porque, al no renovarse los mínimos no sujetos a retención, se está reteniendo el Impuesto a las Ganancias en gran parte de los cobros que recibe un ente empresarial. Esos fondos, que representan un pago a cuenta del tributo a computarse en la declaración jurada anual, constituyen para el empresario sumas inmovilizadas que lo afectan en lo financiero y en lo económico: en lo primero, por cuanto ya no dispone de esos recursos para financiar su capital de trabajo; y en lo segundo porque al no poder financiarlo, se ve imposibilitado de generar mayores resultados en términos de ingresos o ventas.

A esto se suma que las PyMEs, al actuar como agentes de retención y retener en cada uno de los pagos a sus proveedores, también asumen una carga administrativa bastante importante.

Los riesgos para el agente de retención y la impugnación del gasto

Otro gran riesgo asociado con esta problemática es que, ante la falta de retención, el agente se expone a que se le exijan los importes no retenidos, más intereses y multas. En ciertas ocasiones, se puede aplicar otra sanción alternativa a la multa: la no deducción del gasto.

En este sentido, en ganancias, la deducción de cualquier tipo de gasto —llámese amortización, costo de los bienes vendidos, etc.— está directamente vinculada a que se practique la retención del impuesto en cuestión al momento de su pago. Ello se debe a que el artículo 43 de la ley del gravamen de marras al respecto establece que:

Art. 43 - “Cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su obligación de retener el impuesto de conformidad con las normas vigentes, la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA podrá, a los efectos del balance impositivo del contribuyente, impugnar el gasto efectuado por éste”.

Incluso la discusión llegó a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual el 27 de octubre de 2015 se expidió en la causa “San Juan S.A. (TF 29.974-1) c/ DGI”, donde se discutía si el Fisco nacional podía impugnar el gasto dado que el contribuyente había demostrado la veracidad y autenticidad de las operaciones. Al respecto, la Corte sostuvo:

“...que una vez que queda acreditado el incumplimiento de la obligación legal de retener el impuesto sobre los pagos, no cabe más que la aplicación de la sanción prevista en la ley del impuesto de marras: la impugnación de la deducción del gasto. Esto en razón de que el artículo [actual] consagra una sanción que no tiene carácter resarcitorio ni retributivo del daño causado”.

En este sentido, el Fisco no vulnera la teoría de los actos propios ni tampoco el principio de la realidad económica, dado que al tratarse de una sanción, ninguna contradicción (...) habría en la actuación del Fisco al reconocer la veracidad de las compras realizadas y, al propio tiempo, 'sancionar' la omisión de actuar como agente de retención mediante la impugnación del gasto cuya deducción se pretende.

No obstante lo dicho por la Corte, he sostenido que si bien su fallo fue tajante en cuanto a que la omisión de retener trae aparejada la sanción de la impugnación del gasto del balance fiscal, resulta sumamente excesivo sancionar al contribuyente con dicha medida cuando el Fisco también tiene a su disposición otros medios legales para reprimir el ilícito, como la aplicación de la multa por omisión del artículo 45, o en su caso la multa por defraudación del artículo 46, de la Ley de Procedimientos Tributarios.

Reflexión final

En definitiva, la falta de actualización de la RG Nº 830 conlleva grandes riesgos para el contribuyente que debe actuar como agente de retención, y notables perjuicios económicos y financieros para el sujeto que sufre las retenciones debido a la desactualización de los umbrales. Se espera que, de una vez por todas, esta situación alarmante tenga una solución rápida y breve: la actualización de los parámetros monetarios y la instauración de un régimen jurídico de actualización automática.

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